Los representantes de los poderes públicos en Venezuela se enfrentan a una situación de extrema complejidad, según detalla el abogado y diplomático hispano-venezolano William Cárdenas Rubio, quien representa a las víctimas de tortura y asesinato por parte del gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
En una reciente entrevista televisiva, Cárdenas Rubio, vocero del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, advirtió sobre la posibilidad de que este tribunal con sede en La Haya asuma juicios contra los principales representantes de los poderes estatales si se demuestra su co-responsabilidad en la «legitimación» fraudulenta del régimen.
La gravedad de los crímenes de lesa humanidad
Cárdenas Rubio resalta que los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, como persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y asesinatos, son consecuencia de políticas de Estado implementadas para llevar a cabo estas atrocidades.
Además, señala que tanto los líderes de las Fuerzas Armadas como los titulares del Consejo Nacional Electoral podrían ser considerados cómplices debido a su papel en validar resultados electorales bajo un régimen cuestionable.
Según el defensor de derechos humanos, la Corte Penal Internacional ya ha reconocido la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que pone en alerta a los funcionarios involucrados en estos actos.
Insta a los rectores del CNE y a los magistrados de los órganos judiciales a reflexionar detenidamente sobre sus acciones frente a esta crisis humanitaria.
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Advertencia a la FANB
Cárdenas Rubio también dirige un mensaje específico a la Fuerza Armada Bolivariana, indicando que su rol antes, durante y después de las recientes fechas clave se encuentra en la mira de la Corte Penal Internacional.
Destaca que no pueden seguir respaldando a un gobierno señalado por crímenes de lesa humanidad, exhortando a los líderes militares a reconsiderar su postura en apoyo al pueblo venezolano.
El abogado enfatiza la importancia de que la FANB actúe en consonancia con la justicia internacional y se distancie de cualquier cooperación con un régimen cuestionado.
La omisión o complicidad también puede ser sancionada, por lo que llama a una respuesta inteligente y madura por parte de la Fuerza Armada en favor de la población a la que juraron proteger.
