La emergencia económica por el terremoto decretada en Colombia tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto superó este miércoles 11 de noviembre su examen ante la Corte Constitucional. El alto tribunal declaró exequible la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica expedida por el Gobierno nacional, pero condicionó la decisión, según informó Noticias Caracol en una noticia que sigue en desarrollo.
La declaratoria nació del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, con el que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de emergencia por grave calamidad pública durante 30 días. Después, el Decreto 1348 ajustó su alcance territorial: incluyó a Caquetá y Santander y excluyó a Putumayo, dentro de una cobertura inicial que abarcaba 15 departamentos golpeados por el movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en el Chocó.
Emergencia económica por el terremoto: las cifras que pesaron en el expediente
El tamaño de la tragedia es el centro del expediente que estudió la Sala Plena, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. El balance oficial citado en las intervenciones ante la Corte, con corte al 30 de agosto, hablaba de 331 personas fallecidas, 4.497 heridas y 152 desaparecidas, además de 452.782 ciudadanos afectados, pertenecientes a 213.400 familias, en 497 municipios de 16 departamentos. Viviendas, colegios, hospitales, vías y servicios públicos quedaron destruidos o dañados en buena parte de ese territorio.
Por tratarse de un estado de excepción, el control de la Corte era automático, como ordena el artículo 215 de la Constitución: el tribunal debía comprobar que el terremoto fue un hecho sobreviniente y grave, que alteró de manera seria el orden económico, social y ecológico, y que las herramientas ordinarias del Estado resultaban insuficientes para atender sus consecuencias. Con el aval condicionado de este miércoles, la declaratoria general mantiene su sustento, aunque cada decreto legislativo dictado a su amparo seguirá sujeto a su propio control automático de constitucionalidad.
Los reparos que la Corte escuchó antes de fallar
Antes del fallo, la Procuraduría General respaldó los decretos 1261 y 1348 y concluyó que cumplían los requisitos constitucionales, al calificar el sismo y sus réplicas como hechos «imprevisibles, súbitos y extraordinarios». Aun así, pidió precisar el alcance territorial: que la emergencia comprenda los municipios en los que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo reportó afectaciones y aquellos en los que se demuestre de manera concreta el impacto del mismo fenómeno.
Desde la sociedad civil, Dejusticia también defendió que la declaratoria cumplía los presupuestos básicos, pero planteó interrogantes sobre la necesidad de las facultades extraordinarias y sobre la estimación oficial de pérdidas, calculada en 30 billones de pesos a partir de información de solo cinco departamentos. Esa organización pidió a la Corte revisar minuciosamente cada decreto de desarrollo y verificar por qué cada medida exige poderes excepcionales y no puede tramitarse por la vía ordinaria.
El aval llega cuando la reconstrucción sigue en el centro de la discusión pública: esta misma semana se cuestionó al Gobierno porque Pereira sigue esperando el Fondo Milagro, el patrimonio creado por uno de los decretos de la emergencia para financiar la recuperación de los territorios afectados. Con la decisión de la Corte, el marco jurídico de ese y de los demás decretos de desarrollo queda en pie, bajo las condiciones que impuso el alto tribunal y a la espera del texto completo del fallo, que precisará su alcance exacto.
