Los centros de datos que sostienen el auge de la inteligencia artificial podrían quedar sometidos por primera.
Los centros de datos que sostienen el auge de la inteligencia artificial podrían quedar sometidos por primera vez a un marco nacional de salvaguardas en Estados Unidos. Una coalición de gigantes tecnológicos y grupos ecologistas negocia ese marco desde septiembre, según un documento consultado por la agencia AFP y divulgado este jueves 5 de noviembre.
La alianza, bautizada como Responsible Data Center Collaborative, reúne a Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia y Anthropic junto a organizaciones ambientales de peso como el Natural Resources Defense Council (NRDC), el World Wildlife Fund (WWF) y el Sierra Club. Detrás de la iniciativa están la Fundación Rockefeller y el programa Invest in Our Future, vinculado a esa organización, y la noticia la dio a conocer inicialmente el medio The Hill.
Centros de datos: qué salvaguardas están sobre la mesa
La negociación apunta a definir directrices en los frentes que más fricción generan con las comunidades: la energía y la infraestructura, el agua y los recursos naturales, la relación con los vecinos, el valor económico y social de cada proyecto, y la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas. Las reuniones comenzaron en septiembre y está previsto que continúen hasta febrero de 2027.
El propio documento interno es directo sobre el tono de la mesa: pide a los participantes cuestionar sus propias suposiciones con preguntas aclaratorias y atacar los problemas, no a las personas. Los debates se regirán además por las reglas de Chatham House, la fórmula diplomática según la cual las conversaciones permanecen dentro de la sala, aunque los conocimientos adquiridos pueden compartirse sin atribuirlos a personas concretas.
El malestar de las comunidades que reciben la infraestructura de la IA
Los centros de datos son fundamentales para desarrollar la inteligencia artificial, pero su expansión ha generado malestar en comunidades de todo Estados Unidos. La construcción de nuevas centrales eléctricas para alimentarlos ha provocado aumentos en las tarifas de electricidad de los hogares vecinos, y sus instalaciones generan contaminación acústica constante.
A eso se suma el agua: los sistemas de refrigeración pueden consumir grandes volúmenes de la red municipal, y la bruma que emana de las torres de enfriamiento puede transportar bacterias nocivas. Para no encarecer las facturas locales, los centros más recientes generan su propia electricidad, a menudo con centrales de gas que resultan ruidosas y contaminantes, una solución que traslada el problema en lugar de resolverlo.
Las urnas ya empezaron a poner límites
La presión política es parte central del contexto. En las elecciones celebradas el martes en Estados Unidos, los votantes de decenas de ciudades aprobaron restricciones, e incluso prohibiciones totales, a los centros de datos: una señal clara de que el descontento ante el auge de la inteligencia artificial trasciende las divisiones políticas entre republicanos y demócratas. El malestar vecinal ya se expresó también en las urnas en historias como la de los electores que votaron pensando en su comunidad en estas elecciones de Estados Unidos.
Ese voto local explica por qué las grandes tecnológicas aceptan sentarse a negociar con sus críticos habituales: sin reglas claras y aceptadas, cada nuevo proyecto corre el riesgo de quedar bloqueado por ordenanzas municipales o por la oposición organizada de los vecinos, justo cuando la carrera de la inteligencia artificial exige construir más capacidad de cómputo, y más rápido, que nunca.
Un pacto inusual entre la industria y sus críticos
Que empresas como Google, Meta, Microsoft, Amazon y Nvidia compartan mesa con el Sierra Club y el NRDC no es un gesto menor. Las organizaciones ecologistas han sido de las voces más críticas frente al consumo energético y de agua de la industria, y las tecnológicas necesitan previsibilidad para inversiones de miles de millones de dólares en infraestructura.
Un marco nacional de salvaguardas para los centros de datos daría a ambas partes lo que buscan: a las comunidades, compromisos verificables sobre energía, agua y ruido antes de que se apruebe cada planta; a la industria, un terreno de juego uniforme en lugar de un mosaico de vetos locales. La experiencia de otros sectores regulados, como la energía estatal que impulsan decisiones como la agenda del gobernador de California, Gavin Newsom, muestra que los marcos anticipados suelen pesar más que las prohibiciones improvisadas.
Por ahora no hay un texto final ni compromisos firmados: lo que existe es una mesa de negociación con calendario hasta febrero de 2027 y una lista de temas definida. Lo que salga de esa sala marcará las condiciones bajo las que Estados Unidos construirá la infraestructura física de su inteligencia artificial durante la próxima década.
