Una jueza de Nueva York autorizó este viernes a la estudiante.
Una jueza de Nueva York autorizó este viernes a la estudiante que denunció una violación grupal en la Universidad de Cornell en 2024 a seguir utilizando el seudónimo «Jane Doe» en la demanda civil del caso Cornell, que mantiene contra siete estudiantes y contra la propia institución por su actuación ante los hechos. La decisión protege la identidad de la denunciante mientras el proceso sigue su curso.
La jueza Phaedra F. Perry-Bond, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, concedió la petición al considerar que la demandante justificó la necesidad de proteger su identidad y que ninguno de los demandados se opuso a la medida, según consta en las actas judiciales recogidas por la agencia EFE. A partir de ahora, todos los documentos del proceso deberán seguir usando el seudónimo «Jane Doe» y omitir o tachar los datos personales de la joven.
Caso Cornell: los argumentos para proteger a «Jane Doe»
La magistrada señaló que la denunciante alegó que revelar su identidad podría exponerla a represalias, perjudicar su vida social y profesional y poner en peligro a su familia. También afirmó haber sufrido ansiedad, depresión e insomnio por el temor a ser identificada. Perry-Bond advirtió, además, de que amenazar a la denunciante, a los demandados o a sus abogados puede constituir un delito.
La orden no crea un blindaje absoluto: permite que los demandados comuniquen de forma privada la identidad de la denunciante a terceros implicados en la investigación y en la preparación de la defensa —testigos, médicos, empleadores o agencias gubernamentales—, siempre que esas personas se comprometan a mantener la confidencialidad.
Una demanda contra siete estudiantes y la universidad
En su demanda civil, «Jane Doe» acusa a siete estudiantes de haberla violado durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024 y sostiene que la Universidad de Cornell no investigó adecuadamente lo ocurrido. El caso ha generado críticas tanto por la respuesta de la universidad como por la investigación inicial de la policía del campus.
La presión institucional creció este mes: la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó a la policía universitaria de Cornell por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la joven, y el pasado 1 de octubre nombró a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso. Ese frente penal corre en paralelo a la demanda civil que ahora protege el anonimato de la denunciante, en una línea de decisiones judiciales de alto perfil como la de la Corte Suprema sobre identificaciones para votar en New Hampshire.
Un debate que va más allá de un campus
La batalla por el anonimato se ha convertido en uno de los frentes más visibles del caso: en internet han circulado intentos de identificar a la denunciante, mientras cientos de mujeres han respondido con campañas de apoyo bajo la etiqueta #IamJaneDoe. La resolución de este viernes no decide el fondo de la demanda —si hubo agresión y si la universidad falló—, pero sí fija las reglas con las que se litigará: la denunciante podrá seguir adelante sin exponer su nombre en público.
Para la comunidad latina y venezolana con hijos en universidades de Estados Unidos, el caso se sigue de cerca porque combina tres temas sensibles: la seguridad en los campus, la respuesta de las instituciones cuando una estudiante denuncia y la protección legal de quien decide demandar. Como en otros procesos civiles que llegan a los tribunales estadounidenses, como la demanda que enfrenta a Trump con la BBC, cada decisión previa de la jueza marca el terreno sobre el que se jugará el juicio.
