Antonio Saca en libertad: el expresidente de El Salvador recuperó este miércoles 28 de octubre su libertad tras cumplir la condena de diez años.
Antonio Saca en libertad: el expresidente de El Salvador recuperó este miércoles 28 de octubre su libertad tras cumplir la condena de diez años de prisión que le impuso la justicia por el desvío y lavado de unos 301 millones de dólares de fondos públicos durante su Gobierno, entre 2004 y 2009. La Fiscalía General de la República advirtió el mismo día que los bienes confiscados al exmandatario permanecerán bajo control del Estado.
La salida de prisión de Elías Antonio Saca cierra la pena principal del caso conocido como «Destape a la Corrupción», pero no sus obligaciones con el erario: aun con Antonio Saca en libertad, sobre el exgobernante pesan todavía responsabilidades civiles millonarias fijadas por los tribunales, y la Fiscalía reiteró que cumplir la condena de cárcel no extingue esas deudas ni devuelve automáticamente los activos incautados.
Antonio Saca en libertad: los bienes seguirán en manos del Estado
Según informó la Fiscalía este miércoles, las empresas, propiedades, vehículos y demás activos vinculados con el proceso no serán restituidos a Saca como consecuencia de su excarcelación. En marzo de 2026, un juzgado ya había ordenado que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros relacionados con el exmandatario pasaran a manos del Estado, un conjunto valorado en aproximadamente 9,6 millones de dólares: cerca de 7,5 millones correspondían a propiedades y alrededor de dos millones a productos financieros.
La institución sostuvo que las medidas sobre esos bienes se mantendrán conforme a las resoluciones judiciales vigentes, de modo que la libertad del expresidente no altera el destino de lo confiscado mientras sigan abiertos los frentes económicos del caso.
El desvío de 301 millones de dólares desde Casa Presidencial
Las investigaciones fiscales determinaron que durante la administración de Saca funcionó una estructura que trasladaba fondos de las cuentas de Casa Presidencial hacia cuentas particulares, mediante la emisión de cheques sin respaldo legal y movimientos financieros destinados a ocultar el origen de los recursos. El monto desviado y lavado rondó los 301 millones de dólares del erario salvadoreño.
Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a diez años de cárcel, después de que el exmandatario admitiera los hechos atribuidos por la Fiscalía y aceptara someterse a un procedimiento abreviado, mecanismo que redujo la pena que habría enfrentado en un juicio ordinario. Con esa sentencia se convirtió en el primer expresidente salvadoreño condenado por delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de la Presidencia.
Además de la prisión, el tribunal le impuso una responsabilidad civil de 260,7 millones de dólares por los daños ocasionados al Estado. En el mismo proceso fueron condenados antiguos funcionarios de su administración, entre ellos su exsecretario privado Élmer Charlaix y otros colaboradores vinculados con el manejo de los fondos presidenciales.
Otras condenas y las obligaciones que siguen pendientes
El expediente de Saca no se agota en la pena principal. En septiembre de 2019 recibió una segunda condena de dos años de prisión por entregar 10.000 dólares a una empleada judicial a cambio de información sobre un proceso civil; las autoridades judiciales determinaron después que esa pena había quedado cumplida con el tiempo que permaneció en detención provisional, lo que permitió que su condena principal concluyera en octubre de 2026.
En enero de 2021, Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, fueron además condenados civilmente por enriquecimiento ilícito: a él se le ordenó devolver aproximadamente 3,8 millones de dólares y a ella cerca de 589.608 dólares, y el exmandatario quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años. A ello se suma otra condena civil relacionada con el manejo irregular de fondos provenientes de Taiwán, por la que debe reintegrar seis millones de dólares.
Hasta el momento no se ha precisado cuánto dinero ha devuelto efectivamente el expresidente al Estado salvadoreño ni qué monto total permanece pendiente de cobro. Su caso se cierra como antecedente en un país que hoy vive otra etapa política, con la campaña electoral ya en marcha y Nayib Bukele en busca de un tercer mandato, mientras en la región se siguen conociendo fallos contra figuras públicas, como la condena en Irán contra el cineasta Jafar Panahi, que incluye la confiscación de todos sus bienes. Con Antonio Saca en libertad, la factura no se borra: la recuperación de los recursos desviados seguirá en manos de los tribunales.
