La renovación del TSJ en Venezuela sumará un pedido de veeduría internacional.
La renovación del TSJ en Venezuela sumará un pedido de veeduría internacional. El Frente Nacional de Abogados informó este viernes que solicitará a la ONU que acompañe el proceso de «reinstitucionalización» del país para que sea «transparente y efectivo» y que se pronuncie sobre la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, según reseñó El Nacional.
El colectivo de letrados asegura que la designación de los nuevos jueces se está haciendo de forma inconstitucional, porque rechaza que el Comité de Postulaciones Judiciales, el ente encargado de evaluar a los aspirantes, esté integrado por diputados, la mayoría de ellos chavistas, además de representantes de la sociedad civil.
Renovación del TSJ: el choque por el artículo 270
El Frente señala que el artículo 270 de la Constitución establece que dicho comité «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley». Sin embargo, en la ley del TSJ se establece, desde hace años, que la comisión estará integrada también por diputados.
Para los abogados, esa puerta se ha desnaturalizado «mediante reformas legales» para imponer una «hegemonía parlamentaria dentro de la integración del Comité». En el proceso en curso, un comité parlamentario procesa las candidaturas para renovar 34 puestos clave de la magistratura, una cifra que muestra el alcance de la renovación en marcha.
«Lamentamos profundamente que en foros multilaterales recientes no se haya visibilizado de manera objetiva ni rigurosa la verdadera situación jurídica del país ni la sistemática ruptura del orden constitucional», dice el documento firmado por el Frente Nacional de Abogados, que ahora busca que esa discusión llegue formalmente a Naciones Unidas.
Un proceso que nace del diálogo político
La renovación del máximo tribunal avanza dentro de un proceso más amplio de cambios y reformas en los marcos institucionales y legales del país, luego de que en enero pasado fuera depuesto y capturado por Estados Unidos el presidente Nicolás Maduro. Entre los cambios en proceso destaca precisamente la renovación del TSJ, tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en el diálogo que impulsa Estados Unidos, la misma mesa que reanudó el diálogo político en Venezuela esta semana.
El pedido a la ONU plantea un pulso delicado: el oficialismo defiende que la renovación sigue los cauces legales vigentes, mientras el Frente de Abogados sostiene que la composición del comité evaluador vicia el proceso desde su origen. Del pronunciamiento que haga —o no— Naciones Unidas dependerá en parte la legitimidad internacional con la que nazca la nueva magistratura.
Lo que está en juego para la justicia venezolana
El TSJ es la última instancia judicial del país y sus magistrados deciden sobre la constitucionalidad de leyes, conflictos electorales y los casos de mayor peso político. Quien controle su renovación define, en la práctica, el árbitro de los próximos años de la vida institucional venezolana, en un país donde la justicia sigue en el centro de la agenda, como lo muestran casos que llegan hasta Europa, entre ellos el del abogado del Pollo Carvajal hallado muerto en Madrid.
El Frente Nacional de Abogados no precisó la fecha en la que formalizará la solicitud ante la ONU, pero su anuncio de este viernes coloca la renovación judicial bajo escrutinio internacional justo cuando el comité de postulaciones procesa las candidaturas. La respuesta del organismo y la reacción del Parlamento y del propio TSJ marcarán los próximos pasos de un proceso que definirá el rostro de la justicia venezolana.
La petición también busca que el acompañamiento internacional observe las audiencias y evaluaciones de los aspirantes a magistrados, un tramo del proceso que los gremios jurídicos consideran decisivo para que la renovación no se limite a repartir los cargos entre los factores políticos que negocian en la mesa de diálogo.
