El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes que el país solicitará la extradición de Yonel Alejandro Toro Noguera, un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), presuntamente implicado en el asesinato del rapero venezolano Canserbero en 2015. Toro Noguera fue deportado recientemente desde Estados Unidos a El Salvador, junto con más de 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
El asesinato de Canserbero, cuyo nombre real era Tirone José González Orama, fue inicialmente catalogado como un suicidio, pero investigaciones posteriores revelaron que fue un crimen. La Fiscalía venezolana ha establecido que Toro Noguera participó en la modificación de la escena del crimen para culpar al rapero del homicidio de su productor, Carlos Molnar, y así exonerar a los verdaderos responsables, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica.
Los hermanos Améstica fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato en febrero del año pasado. Además, cinco personas más fueron sentenciadas a entre 15 y 20 años por su participación como cómplices.
Toro Noguera enfrenta cargos de obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir, simulación de hecho punible y corrupción propia agravada. La Interpol emitió una alerta roja en su contra, lo que facilita su localización y extradición.
La deportación de Toro Noguera a El Salvador ha generado tensión entre Venezuela y Estados Unidos, ya que el gobierno venezolano ha denunciado que los deportados son inocentes y están siendo «secuestrados» sin debido proceso.
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La solicitud de extradición es un paso significativo en el esclarecimiento del asesinato de Canserbero, un artista reconocido como el mejor rapero en español de los últimos 50 años por la revista Rolling Stone. La comunidad artística y los seguidores del rapero han expresado su satisfacción por el avance en la investigación y esperan justicia para los responsables.
Sin embargo, la situación también ha generado un debate sobre la cooperación internacional en materia de justicia penal y la protección de los derechos humanos de los migrantes deportados.
