El gobierno de Venezuela anunció este sábado que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, que se habían suspendido temporalmente. La decisión se enmarca dentro del Plan Vuelta a la Patria, una iniciativa que busca garantizar el regreso de los connacionales con resguardo de sus derechos humanos. El primer vuelo está programado para mañana, domingo.
El acuerdo fue anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador de Venezuela con EE.UU., quien destacó que «migrar no es un delito» y que el país no descansará hasta lograr el regreso de todos los migrantes que lo requieran. Rodríguez también mencionó la situación de los venezolanos detenidos en El Salvador, a quienes Caracas considera «secuestrados», tras ser deportados por su presunta vinculación con la banda Tren de Aragua.
Migrantes repatriados
El gobierno venezolano ha denunciado que las deportaciones masivas a El Salvador no tienen fundamento legal y han generado una crisis diplomática entre ambos países.
El Plan Vuelta a la Patria es una iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro para facilitar el regreso voluntario de migrantes venezolanos desde distintos países. Desde su implementación, el programa ha permitido el retorno de más de 7,000 migrantes desde ocho países, quienes son incorporados a los programas sociales del país.
En las últimas semanas, Venezuela ha repatriado a 919 venezolanos en cinco vuelos, incluyendo a personas que estaban detenidas en la base naval de Guantánamo y a otros procedentes de México.
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El gobierno venezolano ha anunciado que está en contacto con los mejores bufetes de migración en EE.UU. y El Salvador para representar a los migrantes venezolanos y al país en los procesos legales relacionados con las deportaciones. Esta medida busca asegurar que los derechos de los migrantes sean protegidos en el extranjero, especialmente en casos de deportaciones controvertidas.
La situación ha generado un debate sobre la legalidad de las deportaciones masivas y la necesidad de garantizar el debido proceso para los migrantes acusados de delitos sin evidencia sólida.
