El gobierno de Donald Trump revocó un pago de 80 millones de dólares destinado al sistema de asilo para inmigrantes en Nueva York, fondos que formaban parte del Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La decisión, que fue calificada como «ilegal» y «traición» por el Contralor de Nueva York, Brad Lander, ha generado una fuerte reacción en la ciudad y ha puesto en evidencia las tensiones entre la administración federal y las autoridades locales.
El Contralor de Nueva York, Brad Lander, denunció el miércoles que los 80 millones de dólares asignados por el Congreso en 2023 para apoyar el sistema de asilo fueron retirados de las cuentas bancarias de la ciudad por orden directa del presidente Donald Trump y su colaborador Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Lander calificó la acción como un «robo» y una «traición a todos los que llaman hogar a la ciudad de Nueva York». Según explicó en un comunicado, estos fondos eran esenciales para atender a miles de inmigrantes que buscan refugio en la ciudad.
La revocación ocurre apenas días después de que Musk criticara públicamente el uso de fondos federales para alojar inmigrantes en hoteles de lujo en Nueva York, una medida acordada por la administración saliente de Joe Biden. Musk afirmó que FEMA había destinado 59 millones de dólares a estos hoteles, lo que generó controversia entre los defensores del sistema migratorio y los críticos del gasto público.
El alcalde Eric Adams anunció a través de sus redes sociales que se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para buscar una solución inmediata. También solicitó una reunión urgente con FEMA para tratar de recuperar los fondos. Sin embargo, Lander instó al alcalde a tomar acciones legales contundentes contra la administración Trump. «Si el alcalde continúa siendo el peón del presidente Trump, mi oficina trabajará con el Departamento de Derecho para emprender acciones legales agresivas», advirtió.
La revocación ha intensificado las tensiones entre las autoridades locales y federales. Nueva York, considerada históricamente un santuario para migrantes, ha sido blanco frecuente de las políticas restrictivas promovidas por Trump desde su regreso al poder. Estas tensiones se han agravado con demandas recientes presentadas por el Departamento de Justicia contra leyes estatales que permiten a migrantes obtener licencias de conducir.
La decisión del gobierno federal se produce en un contexto político marcado por un endurecimiento en las políticas migratorias. Desde su retorno a la presidencia, Trump ha priorizado medidas para frenar la migración irregular y ha señalado repetidamente a ciudades como Nueva York por no alinearse con sus políticas. La revocación del financiamiento es vista como parte de esta estrategia más amplia.
Grupos defensores de derechos humanos han denunciado que esta medida pone en riesgo a miles de inmigrantes vulnerables que dependen del sistema local para acceder a refugios y servicios básicos. Además, expertos han señalado que esta acción podría sentar un precedente preocupante sobre la capacidad del gobierno federal para intervenir directamente en los fondos asignados por el Congreso.
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Por otro lado, aliados cercanos a Trump han defendido la decisión argumentando que los recursos deben ser utilizados con mayor eficiencia. Musk, quien supervisa programas federales bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, justificó la revocación señalando supuestos abusos en el uso del dinero público bajo administraciones previas.
