El Tribunal Constitucional (TC) de Chile destituyó este jueves 3 de abril de 2025 a la senadora Isabel Allende, histórica militante del Partido Socialista (PS) e hija del expresidente Salvador Allende. La decisión, adoptada por una amplia mayoría de ocho votos contra dos, pone fin a una carrera parlamentaria de más de 30 años y marca un precedente inédito en la historia del órgano judicial. El fallo se basa en la vulneración del artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores celebrar contratos con el Estado, tras su participación en la fallida venta de la casa familiar para convertirla en un museo.
La controversia comenzó a finales de 2024, cuando el Gobierno chileno anunció la compra de la residencia de Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja de Providencia, Santiago, con el objetivo de transformarla en un museo en honor al expresidente socialista. La operación involucraba contratos con Isabel Allende y su sobrina Maya Fernández, entonces ministra de Defensa. Según la Constitución chilena, los parlamentarios y altos funcionarios públicos están impedidos de celebrar contratos con el Estado durante el ejercicio de sus funciones, lo que derivó en una acusación constitucional y una investigación judicial.
El requerimiento para destituir a Isabel Allende fue presentado por diputados del Partido Republicano y la coalición Chile Vamos (Renovación Nacional y UDI), quienes argumentaron que la senadora infringió las leyes al firmar un contrato con Bienes Nacionales como copropietaria del inmueble. «La ley es clara: quienes desempeñamos funciones públicas no podemos celebrar contratos con el Estado», señaló Miguel Ángel Calisto, diputado independiente. Por su parte, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, celebró el fallo como «una victoria para la transparencia y el respeto a la Constitución».
En su defensa, Isabel Allende negó haber actuado fuera del marco legal y aseguró que siempre respetó las leyes durante sus más de tres décadas como servidora pública. «En mis más de 30 años jamás usé mi cargo para beneficio personal», afirmó en un comunicado tras conocerse la resolución. Además, destacó que este fallo no afecta el legado político y personal de su padre: «La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta».
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La decisión también tuvo repercusiones políticas significativas. Desde La Moneda expresaron su desazón ante lo que consideran «un precedente grave» para futuros casos similares. En tanto, el Partido Socialista lamentó profundamente la destitución de una figura emblemática como Isabel Allende. Daniel Melo, diputado socialista, calificó el hecho como «una verdadera injusticia», mientras que otros sectores políticos valoraron el fallo como un avance hacia una mayor transparencia institucional.
El impacto no se limitó al ámbito político. Maya Fernández renunció a su cargo como ministra de Defensa en marzo pasado tras enfrentar una acusación constitucional relacionada con este caso. Asimismo, el presidente Gabriel Boric prestó declaración voluntaria ante las autoridades judiciales debido a una querella presentada por terceros en torno a las compras impulsadas por su gobierno.
