Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes la exigencia del Departamento de Justicia de apartar los votos por correo de California.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes la exigencia del Departamento de Justicia de apartar los votos por correo de California emitidos por unas 20.000 personas que el Gobierno de Donald Trump señala como probables no ciudadanas. La decisión supone un revés directo para la Casa Blanca en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, desestimó por 2 a 1 la apelación de emergencia del Gobierno. La mayoría concluyó que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso de los votos por correo de California porque el Departamento de Justicia no le dio al juez de distrito la oportunidad adecuada de resolver primero la solicitud de una orden de restricción temporal.
Un fallo 2 a 1: el Gobierno se saltó al juez de distrito
Los jueces Mark Bennett, nombrado por Trump, y Gabriel Sánchez, nombrado por Joe Biden, formaron la mayoría. El juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, votó en contra. «Estados Unidos no le dio al tribunal de distrito la oportunidad adecuada para considerar su solicitud de una orden de restricción temporal. Por esa razón, carecemos de competencia sobre esta apelación», escribieron los magistrados al aceptar la moción del condado de Los Ángeles para desestimar la apelación y declarar sin objeto la moción de emergencia del Gobierno.
El fallo llegó tras una inusual audiencia de emergencia celebrada el domingo por videoconferencia, en la que dos de los tres jueces ya se habían mostrado escépticos sobre el momento, la constitucionalidad y la autoridad de la exigencia federal. El juez Bennett recordó que la Cláusula Electoral de la Constitución otorga a las legislaturas estatales el poder de fijar el tiempo, el lugar y la manera de las elecciones al Congreso.
Qué pedía el Departamento de Justicia con los votos por correo de California
El Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre y pedía una orden que obligara al estado y al condado de Los Ángeles a apartar las papeletas de las personas incluidas en su lista y a verificar su ciudadanía antes de contarlas. Según el Gobierno federal, las agencias identificaron a más de 20.000 presuntos no ciudadanos registrados para votar a los que ya se les enviaron boletas por correo, y 28 de ellos fueron imputados penalmente por registrarse o votar ilegalmente. En la práctica, la orden habría apartado del conteo una parte de los votos por correo de California ya emitidos por esos electores.
El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli advirtió el viernes que los funcionarios electorales que, a sabiendas, tabulen boletas ilegales corren el riesgo de ser cómplices de un delito federal. Esa ofensiva ya fue contada por La Noticia de Hoy cuando el Departamento de Justicia ordenó apartar las papeletas señaladas; el fallo de este lunes frena esa exigencia en la instancia de apelación.
El juez de distrito David Carter, que lleva el caso de los votos por correo de California en Los Ángeles, tiene programada una audiencia para este martes 27 de octubre. El Departamento de Justicia se apresuró a acudir al tribunal de apelaciones porque consideró que ese calendario era demasiado lento mientras los condados procesan miles de papeletas cada día.
California responde: datos «sospechosos» y riesgo de privar del voto a miles
California defiende que sus salvaguardas sobre los votos por correo de California y contra el voto de no ciudadanos son sólidas y sostiene que las afirmaciones del Gobierno se apoyan en «datos sospechosos». En un escrito del 20 de octubre, los abogados de la secretaria de Estado, Shirley Weber, calificaron el litigio, «en el mejor de los casos», de «imprudente maniobra política» y advirtieron de que «en el peor, amenaza con privar del voto a miles de californianos en esta elección».
Los funcionarios del estado también cuestionan la fiabilidad de la lista federal: una revisión inicial de una muestra encontró que una de cada cuatro personas señaladas había nacido en Estados Unidos. El abogado del condado de Los Ángeles, Seth Waxman, advirtió además de que revisar los votos por correo de California contra la lista sería materialmente inviable: aun dedicando solo tres minutos por boleta, el proceso tomaría unas 140.000 horas de trabajo.
Por qué el caso importa a una semana de las legislativas
La demanda de California fue la primera en la que el Gobierno de Trump buscó directamente impedir que un estado contara votos ya emitidos, una intervención poco habitual del Departamento de Justicia en el proceso electoral a pocas semanas de unos comicios, como destacó Reuters al dar cuenta del fallo sobre los votos por correo de California. El departamento ha demandado además a 30 estados y a Washington D. C. por negarse a entregar los padrones completos, y ha perdido 26 de esos casos sin ganar ninguno, según el balance recogido por Reuters.
California es el estado más poblado del país, un bastión demócrata y el que más escaños aporta a la Cámara de Representantes, con 52, en unas elecciones en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso. Los activistas por el derecho al voto temen que estos métodos de escrutinio de las listas acaben señalando por error a ciudadanos naturalizados.
Con el rechazo de la apelación, la batalla vuelve al tribunal de distrito, donde el juez Carter escuchará a las partes este martes. Mientras tanto, los condados seguirán procesando los votos por correo de California con las reglas del estado, sin apartar los votos por correo de California señalados por Washington, a ocho días de la jornada electoral del 3 de noviembre, en un pulso que enfrenta al Gobierno federal con las autoridades electorales californianas y que forma parte de la ofensiva judicial más amplia de Washington, como la que también mantiene contra otros frentes del propio Departamento de Justicia, entre ellos la tercera imputación contra James Comey conocida este mismo lunes.
