El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó este viernes a los funcionarios electorales de California identificar a los presuntos no.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó este viernes a los funcionarios electorales de California identificar a los presuntos no ciudadanos que figuran en los registros de votantes y apartar los votos por correo que ya hayan emitido. La medida, comunicada en cartas enviadas a los condados, convierte la disputa por las papeletas en California en un choque directo entre el Gobierno federal y las autoridades electorales del estado, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
En las misivas, el Departamento pidió a los funcionarios colaborar con él y con el Departamento de Seguridad Nacional para «identificar quiénes de la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no». La instrucción es que las papeletas de las personas señaladas queden separadas y no se contabilicen mientras se verifica su estatus, en lugar de cancelar de inmediato sus inscripciones en el padrón.
Papeletas en California: la advertencia penal que acompaña la orden
La orden llegó con una advertencia inusual. «Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal», escribió el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, en una carta dirigida a los funcionarios del condado de San Bernardino, a la que tuvo acceso CNN.
Ese mismo viernes, el Departamento de Justicia pidió además la intervención del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en la demanda que mantiene contra el estado. En su moción, los fiscales sostuvieron que «cada minuto de procesamiento que se produce sin separar las papeletas de los votantes presuntamente no elegibles provoca una privación del derecho al voto imposible de rastrear y una dilución de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos». Un juez federal ya había programado una audiencia para la próxima semana en el caso.
Una batalla que empezó con una memoria USB
El pulso no es nuevo. El 13 de octubre, el subsecretario de Justicia interino, Trent McCotter, dio 48 horas al condado de Los Ángeles y a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, para revisar una lista federal de presuntos no ciudadanos a los que se les habían enviado boletas por correo. Aquella carta incluía una memoria USB protegida con contraseña con los nombres de las personas que, según el Gobierno, «probablemente no son ciudadanas», y amenazaba con pedir medidas cautelares de emergencia si los funcionarios no cumplían.
La semana pasada, el Departamento demandó al estado de California y al condado de Los Ángeles para impedir que se contabilicen más de 20.000 votos por correo de personas que, según la investigación federal, probablemente no son ciudadanas estadounidenses. La revisión federal cruzó registros de votantes con datos migratorios y el propio Gobierno ha admitido en otros estados que sus cifras iniciales eran preliminares: en Nevada, un hallazgo de 15.900 posibles no ciudadanos se redujo a 185 casos tras una revisión manual, y los funcionarios estatales concluyeron después que esas 185 personas eran ciudadanas, una conclusión que el Departamento de Seguridad Nacional disputa.
California responde: «intimidación» y datos «inexactos»
La respuesta demócrata fue inmediata. El senador Alex Padilla, el demócrata de mayor rango en el comité del Senado que supervisa las elecciones federales, calificó a la administración de «temerosa y desesperada» y aseguró que el Departamento de Justicia «no ha aportado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones de fraude electoral masivo» y que los datos que cita «son inexactos y poco fiables». «No tienen autoridad para interferir», añadió, en un mensaje de respaldo a los funcionarios electorales del estado: «California: su voto es su voz. Úsenlo».
Desde los condados, el registrador del condado de Los Ángeles, Dean C. Logan, ya había defendido tras la primera carta que las leyes federales y estatales «son claras sobre cómo se establece la elegibilidad para votar» y que cualquier medida para excluir a un votante «debe basarse en información verificable, no en afirmaciones de coincidencia de datos no confirmados». Los demócratas, además, han descrito las exigencias federales sobre el padrón como un intento de intimidación a las puertas de unos comicios en los que buscan recuperar el control del Congreso.
Lo que se sabe hasta ahora
- La orden: los condados deben identificar a los presuntos no ciudadanos de la lista federal y apartar sus votos por correo sin contarlos por ahora.
- La advertencia: contar esas papeletas a sabiendas puede acarrear responsabilidad penal, según la carta firmada por el fiscal Bill Essayli.
- La cifra en disputa: más de 20.000 votos por correo, según la demanda federal contra California y el condado de Los Ángeles.
- El frente judicial: el Departamento pidió la intervención del Noveno Circuito y hay una audiencia programada para la próxima semana.
- La fecha clave: las elecciones legislativas se celebran el 3 de noviembre.
Para la comunidad latina de California, la más grande del país, y para los latinoamericanos que votan en unos comicios de medio mandato, la pelea tiene una traducción práctica: apartar una papeleta no la anula. El voto queda en verificación y debe contarse si se confirma la ciudadanía del elector. La Noticia De Hoy sigue de cerca el clima migratorio que rodea estas elecciones, como en la guía en español sobre cómo actuar ante ICE. El choque entre Washington y Sacramento se decidirá en los tribunales en los próximos días, mientras los condados procesan los votos por correo bajo la amenaza penal lanzada este viernes.
