Casi 300 mujeres, entre ellas al menos 38 presas políticas, sobreviven en condiciones inhumanas como presas en La Crisálida.
Casi 300 mujeres, entre ellas al menos 38 presas políticas, sobreviven en condiciones inhumanas como presas en La Crisálida, el centro de reclusión femenina de Los Teques, estado Miranda, según una investigación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) difundida este martes 3 de noviembre.
La organización documentó hacinamiento extremo, desnutrición, falta de atención médica permanente y un sistema de presuntos pagos irregulares que decide qué internas acceden a celdas menos congestionadas y a mejores alimentos. «No sacan a nadie hasta que se está muriendo», resumió una fuente interna citada por el OVP al describir cómo se atienden las emergencias de salud dentro del penal.
Celdas para seis con hasta 18 presas en La Crisálida
De acuerdo con los testimonios recabados por el observatorio, la sobrepoblación obliga a decenas de internas a dormir en el piso sobre colchonetas. Hay celdas con capacidad para seis camas en las que meten hasta 16 o 18 personas, y en otras cortaron las literas para colocarlas una al lado de la otra y ganar espacio: «allí uno no se puede ni mover, hay que esperar que una pase para que la otra pueda dar un paso», describió la fuente, cuyo anonimato fue resguardado por seguridad.
Las reclusas deben improvisar cortinas dentro de las celdas para obtener algo de privacidad al usar las pocetas, y el agua está racionada: las visitantes autorizadas solo pueden ingresar cinco litros por persona para paliar la escasez interna.
Privilegios, cantina y presunta corrupción interna
El informe del OVP destaca una marcada desigualdad en el trato. Mientras la mayoría padece el encierro, un pequeño grupo catalogado como «privilegiado» ocupa celdas con el cupo normativo de seis personas y tiene acceso exclusivo a actividades culturales y a equipos deportivos, como la selección de rugby, beneficios que permiten redimir y disminuir las penas.
Ese grupo maneja además una pequeña cantina inaugurada a finales de 2025 donde se expenden alimentos especiales. El resto de la población penal depende de un menú diario deficiente basado en granos duros, papas, arepas, pasta, mortadela y arroz seco o pastoso. Según la denuncia, para acceder a las celdas menos congestionadas y a mejores alimentos se deben realizar pagos irregulares a funcionarias del Ministerio de Servicio Penitenciario.
Sin médico permanente y con dos muertas en 2026
La desatención médica es uno de los puntos más críticos del informe. En el recinto conviven mujeres de la tercera edad e internas con patologías crónicas como hipertensión, diabetes y cardiopatías que no cuentan con un médico permanente, y las emergencias solo se trasladan a centros externos cuando el estado de salud es extremo. Los tratamientos y los insumos deben ser costeados en su totalidad por los familiares.
El observatorio recordó que en lo que va de 2026 se ha documentado el fallecimiento de dos mujeres en este penal por falta de atención oportuna: Fabiana Desirée Páez Fernández, quien padecía insuficiencia respiratoria, y Eleiner Sánchez. Tras esos decesos, la directiva del penal fue asumida por Andrea Veracierto, procedente del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara.
Visitas restringidas para las presas en La Crisálida
El régimen de visitas también está severamente limitado. El ingreso de hombres sigue prohibido: solo pueden entrar madres, hermanas o mujeres designadas como apoyo familiar. Las visitas conyugales, fijadas cada quince días, excluyen por completo a las presas políticas, y los encuentros con hijos menores de edad son esporádicos y quedan reservados para fechas festivas puntuales, una realidad que se suma a la de otros venezolanos privados de libertad por razones políticas, como el caso del excarcelado Magbis Rondón Reyes tras siete años de prisión política.
Ante la gravedad de los hallazgos, el OVP anunció que elevará el caso ante instancias internacionales para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos en el penal de Los Teques, el principal centro de reclusión de mujeres procesadas de la región capital.
