El gobierno de Perú, bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte, generó controversia al publicar un decreto oficial en el que clasifica al “transexualismo”, “transvestismo de rol dual” y otros términos relacionados con identidad de género como enfermedades mentales.
Esta decisión, que incluye dichas condiciones en el Plan Esencial de Salud, desató críticas y rechazo en la sociedad peruana.
Junto a la firma de la presidenta Boluarte, los ministros de Economía y Salud respaldaron este controvertido decreto que también considera al “transvestismo fetichista” y a la “orientación sexual egodistónica” como problemas de salud mental, permitiendo así su tratamiento en centros de salud tanto públicos como privados. Estas acciones contrastan con la tendencia internacional de no patologizar las diversas expresiones de identidad de género.
La diputada Susel Paredes, representante de la oposición, instó a la derogación del decreto al afirmar que refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans. Asimismo, resaltó la urgencia de implementar políticas de salud mental congruentes con estándares internacionales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población LGBTQ+.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Más Igualdad Perú, expresaron públicamente su desacuerdo con la medida gubernamental. Un nutrido grupo de profesionales de la salud y organizaciones de derechos humanos han solicitado al Ministerio de Salud la reversión de esta disposición, argumentando su impacto negativo en la comunidad transgénero.
Preocupantemente, existen temores fundados por parte de grupos LGTBI y defensores de derechos humanos sobre la posibilidad de que esta clasificación obsoleta facilite la implementación de terapias de conversión. Estudios revelan que una proporción significativa de personas LGTBI en Perú ha sido sometida a prácticas dañinas que buscan modificar su orientación sexual o identidad de género, incluso desde edades tempranas.
La situación generada por el reciente decreto en Perú pone de manifiesto la importancia de promover políticas inclusivas y respetuosas con la diversidad de género y orientación sexual. Es imperativo que se ponga fin a prácticas discriminatorias y se garantice el acceso a servicios de salud mental que respeten la autodeterminación de las personas y protejan sus derechos fundamentales.
La presión de la sociedad civil y la comunidad internacional resulta crucial para asegurar que Perú avance en la protección y promoción de la igualdad y dignidad de todas las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual.
