La estatal venezolana PDVSA trabaja para designar las nuevas directivas de Citgo y de PDV Holding, sus dos filiales en Estados Unidos, según afirmó este miércoles su abogada, Katherine Wellington, ante una corte federal de apelaciones estadounidense. El anuncio se produjo en plena audiencia por el futuro de Citgo, la refinadora venezolana en suelo norteamericano, cuya venta forzosa a Amber Energy por 5.900 millones de dólares está siendo impugnada por Venezuela, por la propia PDVSA, por acreedores y por postores rivales.
Lo que se sabe hasta ahora
- La abogada de PDVSA, Katherine Wellington, dijo este miércoles 21 de octubre ante la corte de apelaciones que la estatal trabaja en la designación de las nuevas directivas de Citgo y de PDV Holding.
- El movimiento llega después de que el gobierno de Estados Unidos reconociera formalmente este año a la administración de la presidenta Delcy Rodríguez como la autoridad venezolana.
- La audiencia de esta semana discute la orden de un tribunal de Delaware que aprobó la oferta de 5.900 millones de dólares de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, por la matriz de Citgo.
- Venezuela y PDVSA sostienen que el precio de venta es tan bajo que, en palabras de Wellington, «conmociona la conciencia», y alegan un presunto conflicto de interés de asesores del tribunal que habría contaminado la subasta.
- La venta aún no se ha ejecutado: sigue pendiente de la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las nuevas directivas de Citgo, en medio de la batalla por su venta
Que el anuncio sobre las nuevas directivas de Citgo se haga dentro de esta audiencia no es casual. La corte de apelaciones escucha esta semana los argumentos sobre si debe anularse la orden de venta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo. Los opositores a la operación piden revocar esa orden porque consideran que la subasta excluyó ofertas más altas por errores de procedimiento, que la valoración del activo fue demasiado baja y que un bufete contratado por el tribunal para asesorar la subasta mantenía una relación laboral con unidades de Elliott mientras avanzaba la puja, un presunto conflicto de interés que el funcionario judicial que supervisó el proceso, Robert Pincus, ha negado.
Del otro lado, los abogados de acreedores como Crystallex defendieron que el juez federal de Delaware Leonard Stark llevó el proceso «tan lejos como pudo» para hacerlo transparente. La corte deberá decidir después de esta ronda de audiencias, en un caso que arrastra años de litigio: la disputa nació de las reclamaciones de empresas expropiadas en Venezuela, encabezadas por la minera canadiense Crystallex, que buscaron cobrarse con el activo venezolano más valioso en el exterior.
