El gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo el 30 de noviembre de 2024 operativos de intervención en dos cárceles del estado Lara, específicamente en la Comunidad Penitenciaria Fénix y el Centro Penitenciario Uribana. Esta acción, parte de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, busca consolidar un sistema penitenciario que garantice mejores condiciones de orden, seguridad y estabilidad para los internos.
La intervención se produce en un contexto de creciente preocupación por las condiciones carcelarias y la presencia de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos.
La Operación Gran Cacique Guaicaipuro fue lanzada en 2023 con el objetivo de desmantelar estructuras criminales dentro de las cárceles venezolanas y facilitar la reinserción social de los reclusos. El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, explicó que estas acciones están destinadas a asegurar un entorno propicio para la «mujer nueva y el hombre nuevo», enfatizando que los internos deben convertirse en «seres humanos útiles para el progreso social y económico» del país.
En un mensaje publicado en Instagram, García Zerpa destacó que el Estado venezolano está comprometido con garantizar el orden y la disciplina en los centros penitenciarios. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre los resultados de esta nueva intervención, lo que ha generado inquietud entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) que monitorean la situación carcelaria en Venezuela.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Este despliegue generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información sobre sus seres queridos. Sin embargo, los funcionarios impidieron el acceso a la información, lo que exacerbó la ansiedad entre las familias.
El OVP también ha expresado su preocupación por las condiciones en las que se llevan a cabo estas intervenciones. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado el uso excesivo de la fuerza y la falta de transparencia en las operaciones del gobierno. La intervención en las cárceles ha sido vista como una medida necesaria por algunos sectores, pero también como una oportunidad para que el gobierno refuerce su control sobre un sistema penitenciario que ha sido históricamente problemático.
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La situación en las cárceles venezolanas es alarmante. Las condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y violencia son comunes en muchos recintos penitenciarios del país. La intervención en Fénix y Uribana se suma a una serie de operativos que han tenido lugar desde 2023, pero las ONG han señalado que no hay claridad sobre el destino final de muchos internos ni sobre cómo se están manejando estos cambios.
