El asesinato Miguel Uribe Turbay volvió a sacudir la política colombiana tras las declaraciones de su viuda, María Claudia Tarazona, quien en una entrevista con Noticias RCN acusó a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de haber ordenado el cri…
El asesinato Miguel Uribe Turbay volvió a sacudir la política colombiana tras las declaraciones de su viuda, María Claudia Tarazona, quien en una entrevista con Noticias RCN acusó a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de haber ordenado el crimen a través de la Segunda Marquetalia. Es una acusación grave que ella misma presenta como una línea que la Fiscalía debe probar y que, hasta ahora, no cuenta con una confirmación judicial pública.
Tarazona sostuvo que por el homicidio se habría pagado una suma cercana a 4.000 millones de pesos colombianos, alrededor de 1,2 millones de dólares, y que ese dinero habría salido de Venezuela en pesos, no en dólares. A partir de ese relato, calificó el hecho como un posible crimen de Estado y aseguró que el ente investigador mantiene abierta esa hipótesis dentro del expediente.
La acusación de la viuda en el caso del asesinato Miguel Uribe
Según su versión, las afirmaciones se apoyan en información que recibió en su teléfono de una fuente cercana y que ya entregó a la Fiscalía. Esa fuente le habría advertido en abril de 2025 de planes contra precandidatos del Centro Democrático, le habría indicado el origen venezolano del dinero y el lugar desde el que salió la orden, y le habría enviado la fotografía de la persona que la recibió.
La viuda también vinculó la tensión entre su esposo y Petro a disputas políticas anteriores, cuando Petro era alcalde de Bogotá y se discutían votaciones del presupuesto de transporte. Ese antecedente forma parte de su explicación sobre el origen del conflicto, pero no sustituye la prueba que, como reconoció en la entrevista, todavía debe construirse en el proceso penal.
Las fallas de protección que denuncia la familia
Otro eje de sus declaraciones fue la seguridad del exsenador. Tarazona afirmó que Uribe Turbay pidió en más de 25 ocasiones reforzar su esquema de protección ante la Unidad Nacional de Protección y que no obtuvo la respuesta que solicitaba. Para la familia, esas omisiones facilitaron el ataque que culminó en el asesinato Miguel Uribe y deben formar parte central de cualquier evaluación de responsabilidades institucionales.
La Fiscalía, de acuerdo con lo expuesto en la entrevista, revisa evidencias digitales, testimonios y los datos aportados por la familia para establecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato Miguel Uribe y qué papel jugó la estructura armada señalada. Ese trabajo es el que permitirá distinguir entre una denuncia política de alto impacto y una responsabilidad penal demostrable.
El atentado que terminó con su vida
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, fue atacado el 7 de junio de 2025 durante una actividad política en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá. Recibió seis impactos, dos de ellos en la cabeza, y el autor material identificado fue un adolescente de 15 años. Varias personas vinculadas a la logística y al traslado de armas fueron capturadas en el avance de la investigación.
El exsenador permaneció hospitalizado más de dos meses y falleció el 11 de agosto de 2025, a los 39 años. El asesinato Miguel Uribe se convirtió en uno de los hechos políticos más graves de Colombia en años recientes y reabrió el debate sobre la violencia contra dirigentes, la protección de candidatos y la capacidad del Estado para prevenir atentados de esta magnitud, un contexto que este portal ha seguido en su cobertura de seguridad y violencia en Colombia.
Para los colombianos y para la diáspora venezolana que sigue de cerca la relación entre Bogotá y Caracas, la denuncia de Tarazona importa porque introduce a dos jefaturas de Estado en el relato del crimen y porque coloca el financiamiento y la orden en una dimensión transnacional.
Precisamente por esa gravedad, el asesinato Miguel Uribe exige tratar cada señalamiento como lo que es por ahora: una acusación formulada por la viuda ante un medio, entregada según ella a la Fiscalía, y pendiente de corroboración en el proceso judicial.
