La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció este sábado, 28 de diciembre de 2024, la excarcelación de 138 detenidos en el contexto de la crisis poselectoral que ha sacudido al país tras las controvertidas elecciones del 28 de julio. Este grupo fue liberado de dos centros penitenciarios, incluyendo el anexo para mujeres de una de estas cárceles, ubicadas en el norte del país.
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, desde el viernes, familiares confirmaron la liberación de 59 personas en la cárcel de Tocorón y 79 en Tocuyito. Entre los liberados se encuentran 19 mujeres que estaban recluidas en el anexo femenino de esta última prisión. Sin embargo, la ONG también denunció que a los excarcelados se les está exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados durante su detención.
De no hacerlo, no recibirían la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional.César Pérez Vivas, exgobernador opositor y miembro de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alertó sobre esta situación, indicando que el Gobierno está utilizando estas excarcelaciones como una forma de propaganda. «Están obligando a los presos políticos excarcelados a hacer publicidad de que fueron bien tratados en las cárceles, que les dieron atención médica y alimentos de calidad», expresó Pérez Vivas en un mensaje publicado en X.
La crisis poselectoral en Venezuela ha dejado un saldo alarmante de detenciones. Hasta el pasado jueves, la ONG Foro Penal contabilizaba 1,849 «presos políticos», muchos de los cuales fueron detenidos tras las elecciones presidenciales donde Nicolás Maduro fue proclamado ganador en un proceso considerado fraudulento por la oposición. Las detenciones masivas se produjeron en un contexto de protestas contra el resultado electoral y han sido objeto de condena internacional.
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El exgobernador Pérez Vivas también advirtió que varios excarcelados están siendo obligados a presentarse en Caracas a comienzos de enero para asistir a un evento público donde se les instruye a declarar que recibieron pagos para participar en protestas o que fueron ordenados por líderes opositores como María Corina Machado para ejecutar actos violentos. «Todo un libreto para seguir justificando la violencia oficial y el terrorismo judicial contra la ciudadanía», agregó.
