El gobierno de Nicaragua ha cancelado la personería jurídica a otras 10 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo la Fundación Suiza para la Cooperación al Desarrollo, lo que eleva a más de 5.600 las ONG ilegalizadas desde diciembre de 2018. Esta medida forma parte de una campaña sistemática que ha afectado a diversas organizaciones religiosas, educativas, de consumidores y de acuicultores, bajo argumentos de incumplimiento de leyes y falta de reportes financieros.
La cancelación de estas ONG se debe principalmente a su supuesto incumplimiento de las leyes que las regulan. En el caso de la Fundación Suiza, no reportó su estado financiero en 2024 y tenía su junta directiva vencida. Además de estas razones técnicas, el contexto político en Nicaragua ha sido crucial. Desde las protestas populares de abril de 2018, el gobierno ha intensificado su control sobre la sociedad civil, acusando a muchas ONG de participar en actividades políticas contrarias al régimen.
La crisis política en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, mientras sus principales opositores estaban en prisión. Posteriormente, fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de «golpistas» y «traición a la patria».
La disolución de estas ONG ha tenido un impacto significativo en la sociedad civil nicaragüense. Muchas de estas organizaciones desempeñaban roles cruciales en áreas como la educación, el desarrollo comunitario y la defensa de los derechos humanos. La mayoría de los bienes de las ONG cerradas han sido traspasados al Estado, lo que ha generado críticas internacionales sobre la violación de derechos humanos y la restricción de la libertad de asociación.
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Diversos países y organizaciones internacionales han condenado estas acciones, destacando que el gobierno de Ortega ha cerrado no solo ONG, sino también decenas de medios de comunicación e instituciones académicas y empresariales. Esto ha llevado a una situación en la que la libertad de expresión y la participación ciudadana están severamente limitadas.
