El gobierno de Panamá mantiene bajo custodia temporal a 299 migrantes deportados de Estados Unidos en el hotel Decapolis, en la capital panameña, mientras esperan ser retornados a sus países de origen. Los migrantes, provenientes de diversas naciones como Afganistán, Irán, Pakistán y China, han estado aislados desde la semana pasada y han comenzado a hacer llamados desesperados desde las ventanas del hotel, pidiendo ayuda.
Gobierno de Panamá custodia migrantes deportados
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a los migrantes escribiendo mensajes de auxilio con rotuladores rojos en las ventanas del hotel. En un video, un hombre rodeado de otros migrantes escribe «Help (Ayuda)», mientras que un grupo de niñas muestra un cartel que dice «Save Afghan girls (Salva a las chicas afganas)» y “Please, save us (por favor, sálvennos)”. Estas escenas han generado una fuerte reacción pública y han puesto en el centro del debate la situación de los migrantes y su tratamiento por parte de las autoridades panameñas.
Los migrantes fueron parte de un grupo deportado por Estados Unidos en tres vuelos hacia Panamá, país que accedió a convertirse en un «puente» para las deportaciones masivas tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta decisión se produjo en medio de crecientes tensiones por las amenazas del expresidente Donald Trump sobre «recuperar» el Canal de Panamá.
Desde su llegada a Panamá, los migrantes han denunciado la falta de acceso a sus abogados y teléfonos celulares, así como estar retenidos contra su voluntad. En una reciente entrevista, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, aseguró que los teléfonos fueron confiscados por las autoridades estadounidenses y que se les había entregado documentación al llegar a Panamá para facilitar su comunicación con familiares.
Sin embargo, muchos migrantes temen regresar a sus países debido a posibles represalias por su situación política o religiosa. En este contexto, el gobierno panameño ha declarado que no ofrecerá asilo a los migrantes, aunque algunos han expresado su deseo de permanecer en el país.
El martes pasado, se inició el proceso de repatriación voluntaria para 171 migrantes que aceptaron regresar a sus países. Sin embargo, otros 128 migrantes que se resisten a volver se encuentran en un limbo jurídico. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) están supervisando el proceso y buscando alternativas seguras para aquellos que no pueden regresar.
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La situación ha suscitado críticas tanto dentro como fuera de Panamá. Expertos en derechos humanos han señalado que el proceso es ilegal al no ofrecer la oportunidad adecuada para solicitar asilo. Hannah Flamm, del Proyecto Internacional de Asistencia al Refugiado, advirtió sobre los riesgos mortales que enfrentan los migrantes si son obligados a regresar.
