El megaoperativo en La Picota dejó al descubierto la magnitud del contrabando tecnológico dentro de la principal cárcel de Bogotá: en un registro a 19 pabellones, las autoridades incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y 6 antenas Starlink, además de 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.
El anuncio lo hizo este martes el presidente Abelardo de la Espriella, quien convirtió el resultado del operativo en un mensaje directo a las estructuras criminales que operan desde las prisiones. «Se acabó la guachafita», sentenció el mandatario al dar a conocer el balance de la requisa.
Megaoperativo en La Picota: «Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales»
«Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas», afirmó De la Espriella tras el hallazgo. Para el mandatario, a quienes pretenden seguir delinquiendo desde prisión el operativo les deja claro que la autoridad se respeta y la ley se hace cumplir.
La cantidad de equipos decomisados explica la preocupación oficial: con 582 teléfonos móviles y más de 3.700 tarjetas SIM circulando dentro del penal, los internos disponían de una red de comunicaciones capaz de sostener extorsiones, amenazas y órdenes delictivas hacia el exterior, incluso con conectividad satelital gracias a las antenas Starlink incautadas.
Una estrategia de control que empezó el primer día de gobierno
El registro en La Picota hace parte de la estrategia de seguridad carcelaria que el Gobierno puso en marcha desde el primer día, con el traslado de varios presos de alta peligrosidad desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros de reclusión. Este fin de semana, el Inpec informó además la movilización de 33 privados de la libertad desde San Andrés hasta Bogotá.
Los traslados vienen de antes: el pasado 20 de octubre, el propio presidente informó el movimiento de 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos del país —41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, 2 desde Cartagena y 2 desde Barranquilla—, con el argumento de impedir que las estructuras criminales usen los centros de reclusión para intimidar a la población y conservar privilegios.
Lo que sigue tras el registro en los 19 pabellones
Según la institución, las medidas buscan fortalecer el control interno e impedir que los penales sigan funcionando como centros de mando del crimen. El balance del megaoperativo en La Picota se suma a la agenda de seguridad que marca la actualidad de Colombia y anticipa nuevos registros en otras cárceles del país, mientras las autoridades establecen cómo ingresó semejante volumen de equipos a un penal de máxima vigilancia. Sigue toda la cobertura en La Noticia De Hoy.
