Los enfrentamientos en la región del Catatumbo, ubicada en el noroeste de Colombia, han desencadenado una crisis humanitaria de magnitudes alarmantes. Desde el jueves 16 de enero de 2025, violentos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC), han dejado un saldo trágico de más de 30 muertos, entre ellos cinco firmantes del acuerdo de paz que se encontraban desmovilizados.
Esta información fue confirmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien también reportó al menos diez heridos y una serie de violaciones a los derechos humanos en la zona.
Crímenes de guerra en Catatumbo por el ELN
La gravedad de la situación fue expuesta por Marín en su cuenta de X (Twitter), donde destacó que «lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad». Además, hizo eco de los informes que indican la existencia de secuestros, desplazamientos forzados y confinamientos, incluyendo a profesores que se preparaban para el inicio del ciclo escolar. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado estos actos como «crímenes de guerra», lo que llevó a la suspensión inmediata de los diálogos de paz con el ELN.
En medio del caos, imágenes compartidas en redes sociales muestran a los habitantes buscando refugio en sus hogares para escapar del fuego cruzado. El comandante del Frente 33 del EMC, Andrey Avendaño, denunció que el ELN ha decidido atacar indiscriminadamente a sus unidades y ha causado la muerte de civiles desarmados. Este contexto ha llevado a Marín a hacer un llamado urgente al ELN para que respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cese las hostilidades contra la población civil.
La región del Catatumbo es conocida por su pobreza y por ser un punto estratégico para el narcotráfico, donde diversas organizaciones criminales luchan por el control de los cultivos de coca. Esta lucha territorial ha exacerbado la violencia en un área ya marcada por décadas de conflicto armado. Los municipios afectados incluyen Ábrego, Convención, El Carmen, Tibú y Teorama, donde las condiciones son precarias y la presencia del Estado es limitada.
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A raíz de estos acontecimientos, tanto el gobierno como organizaciones sociales han expresado su preocupación. El senador Iván Cepeda, parte del equipo negociador con el ELN, condenó la violencia y pidió un cese inmediato a las hostilidades para permitir la intervención humanitaria. La situación ha llevado a que muchos residentes se encuentren atrapados entre dos fuegos, sin poder huir ni recibir asistencia adecuada.
