La marcha universitaria Argentina de este jueves terminó en choques frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, cuando fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a estudiantes, docentes y trabajadore…
La marcha universitaria Argentina de este jueves terminó en choques frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, cuando fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a estudiantes, docentes y trabajadores que exigían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según los reportes de la jornada, el saldo provisional es de al menos 25 personas detenidas y numerosos heridos, entre ellos legisladores nacionales y trabajadores de prensa que cubrían la movilización. La protesta formaba parte de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional en defensa de la universidad pública.
Marcha universitaria Argentina: cómo se produjeron los choques
La movilización se concentraba en la plaza frente al Palacio Legislativo y, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, se desarrollaba de forma pacífica cuando avanzó el operativo policial. Dirigentes opositores que intentaban llegar a la plaza denunciaron que el gas pimienta lanzado desde las calles aledañas alcanzó también a diputados que salían del Congreso.
El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, pidió públicamente que se detuviera lo que calificó como una represión innecesaria y sostuvo que la marcha transcurría con normalidad antes de la intervención. Desde el Gobierno no se había difundido, al cierre de los reportes, una versión detallada del operativo ni una explicación sobre el número de detenidos.
El reclamo de fondo: el presupuesto universitario
El conflicto que llevó a miles de personas a la calle es presupuestario. La comunidad universitaria exige la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, cuya ejecución el Ejecutivo ha vetado o paralizado en medio de su programa de ajuste del gasto público.
Referentes del sistema, como el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, han advertido que desde el inicio de la actual administración las transferencias a las universidades cayeron a la mitad y que las instituciones funcionan al límite de sus capacidades. A la convocatoria se sumaron las centrales obreras CGT y CTA, junto a organizaciones sociales, campesinas y colectivos de la discapacidad.
La disputa también avanza en los tribunales
En paralelo a la calle, la pelea por los fondos se libra en la Justicia. Esta semana, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de un decreto de 2025 con el que el Ejecutivo pretendía suspender la aplicación de la ley de financiamiento, según los reportes de la prensa argentina citados en la cobertura de la marcha.
El mismo magistrado dispuso multas diarias contra la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de medidas cautelares que ordenan actualizar salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles, en un expediente que la Cámara y la Corte Suprema ya habían respaldado en instancias anteriores. Ese frente judicial explica por qué la protesta no fue un hecho aislado, sino el capítulo más visible de un conflicto institucional prolongado.
Reacciones y repudio opositor
Distintos sectores políticos y sindicales responsabilizaron directamente al Gobierno de Javier Milei por la integridad física de los manifestantes y sostuvieron que el uso de la fuerza busca desalentar la protesta social frente al ajuste. Los organizadores, por su parte, insistieron en que seguirán movilizándose en defensa de la educación pública.
Para los venezolanos y latinoamericanos que siguen la región desde Estados Unidos, lo ocurrido en Buenos Aires refleja un patrón que se repite en varios países: universidades públicas tensionadas por recortes, gobiernos que priorizan el equilibrio fiscal y calles que se convierten en el termómetro del costo social de esas decisiones. Argentina, con una de las tradiciones universitarias públicas más fuertes del continente, es hoy el caso más visible de esa disputa.
Lo que se sabe hasta ahora
Lo confirmado por los reportes es el lugar —frente al Congreso, en Buenos Aires—, el motivo —la exigencia de financiamiento universitario—, el tipo de operativo —gases y camiones hidrantes— y el saldo provisional de al menos 25 detenidos y numerosos heridos, incluidos legisladores y periodistas. Las cifras pueden actualizarse a medida que hospitales, comisarías y organizaciones de derechos humanos consoliden sus registros.
También está confirmado el contexto judicial: existe una ley aprobada por el Congreso, un intento del Ejecutivo de suspender su aplicación declarado inconstitucional y multas diarias por incumplimiento. Lo que no está cerrado es la respuesta política del Gobierno tras los choques ni si habrá nuevas convocatorias en los próximos días, algo que las federaciones universitarias suelen definir en asambleas posteriores a cada marcha.
Por qué importa: la marcha universitaria Argentina dejó de ser solo un reclamo sectorial y se convirtió en una pulseada sobre quién decide el presupuesto de la educación pública: el Congreso que aprueba las leyes o el Ejecutivo que controla los fondos. El desenlace marcará el rumbo de las universidades argentinas y de miles de estudiantes, incluidos muchos migrantes de la región. — Por LNDH
