El mapa petrolero de Venezuela se está redibujando en silencio.
El mapa petrolero de Venezuela se está redibujando en silencio. La ONG Transparencia Venezuela presentó su más reciente informe sobre el sector, que analiza los primeros diez meses de 2026, y su conclusión es dura: la gestión de la actividad petrolera atraviesa una transformación de hecho y jurídica marcada por la opacidad, la arbitrariedad y un alto riesgo de captura cleptocrática, lejos de la reactivación transparente que prometen los anuncios oficiales.
Según el informe, la redistribución de campos y bloques ha venido acompañada de desplazamientos abruptos de actores históricos, la irrupción de empresas con beneficiarios finales no identificados y un vacío legal abierto por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Nadie fuera del Ministerio puede ver los contratos, y eso, advierte la organización, impide saber cuánto gana realmente el país por su principal industria.
Mapa petrolero de Venezuela: transnacionales bajo «cajas negras»
Los gigantes que ya operaban en el país ampliaron su control, pero bajo condiciones de absoluta opacidad. Chevron aumentó su participación en empresas mixtas como Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia, desplazando a socios minoritarios como Suelopetrol, sin que se pueda acceder a los documentos para saber si se mantienen las figuras de empresa mixta o si migraron a Contratos de Participación Productiva (CPP), ni cuáles son las implicaciones fiscales reales. ENI quedó como operador exclusivo en Petrojunín y Petrosucre, y Repsol obtuvo licencias en Quiriquire Gas.
Uno de los movimientos más controversiales es el de North American Blue Energy Partner (Nabep). Tras la venta de la participación de Harry Sargeant III, el empresario Alejandro Betancourt López tomó el control de la firma, sobre la que, según anuncios recientes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos tendría derechos futuros sobre un 35 %. Nabep absorbió bloques que antes estaban en manos de consorcios chinos (Sinopec, CNPC, China Concord) y rusos. Los expertos citados alertan sobre la trayectoria de Betancourt, vinculado en el pasado a presuntos esquemas de sobreprecios, préstamos fraudulentos a Pdvsa y lavado de dinero. El tema del dinero petrolero venezolano bajo administración externa también apareció en otro informe reciente: EE. UU. manejó 12.260 millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos, según KPMG.
Expulsiones de facto y empresas sin trayectoria
La redistribución también implicó la salida abrupta de actores con derechos adquiridos. Suelopetrol fue retirada de Petroindependencia y Petrocabimas, cuya vigencia estaba prevista hasta 2039, luego de que sus directivos enfrentaran presuntas acusaciones políticas que los obligaron a salir del país en 2020. DP Delta Finance BV, de la familia Cisneros, anunció acciones legales tras perder su 40 % en Petrodelta, cuyos campos fueron entregados a Pacific Coast Energy Co. (PCEC).
Del lado de los nuevos adjudicatarios, el informe enciende otra alarma: su capacidad técnica y su integridad. PCEC, que recibió 12 bloques, es propiedad de Alshair Fiyaz, sin garantías claras de capacidad de inversión. UCC Holding, vinculada comercialmente al yerno de Donald Trump según investigaciones del New York Times y Armando.info, no muestra experiencia previa en hidrocarburos. Otras firmas como Glenoil Energy, Primavera Infinita y Haxcon Internacional operan con estructuras accionarias opacas. Todo esto ocurre mientras la producción del bloque al que pertenece Venezuela sigue moviéndose: el bombeo de la OPEP subió un 7,8 % en octubre, hasta 27,16 millones de barriles diarios.
El vacío legal de la reforma de la LOH
El marco jurídico, según Transparencia Venezuela, facilita la discrecionalidad: la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó el requisito de aprobación de los acuerdos por la Asamblea Nacional y la obligación de publicarlos en la Gaceta Oficial. El resultado es un poder concentrado en el Ministerio de Hidrocarburos, sin una autoridad regulatoria independiente. Expertos como Francisco Monaldi y José Ignacio Hernández han señalado que esa falta de estabilidad jurídica ahuyenta la inversión genuina y fomenta la corrupción.
Con contratos secretos, la sociedad venezolana no puede conocer cinco aspectos críticos: la carga fiscal real, las reglas de medición de los volúmenes, el control de presupuestos y compras a empresas vinculadas, la responsabilidad por pasivos ambientales y pozos abandonados, y la gestión de riesgos. Ante el silencio de la Contraloría y la Fiscalía, la organización insiste en un decálogo de exigencias para frenar la captura del Estado, empezando por publicar los contratos. Sin eso, concluye el informe, el nuevo mapa petrolero se seguirá dibujando a puerta cerrada.
