El albergue del Bronx que queda en el centro del pulso migratorio entre Nueva York y Washington volvió a ser noticia este lunes 9 de noviembre: el alcalde Zohran Mamdani dijo que su administración estudia la orden judicial que le obliga a informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los residentes del refugio de emergencia para migrantes del bulevar Bruckner, y que evalúa todas las opciones legales para responder.
«Estamos revisando esa decisión y evaluando todas las opciones legales», declaró Mamdani al ser preguntado por el fallo en una rueda de prensa. La frase, breve, deja abierta la puerta a una apelación y marca la primera reacción pública del alcalde desde que el juez federal Lewis Kaplan falló el viernes 6 de noviembre a favor del Gobierno del presidente Donald Trump en el litigio por la entrega de datos de los residentes del albergue.
Qué ordena el fallo sobre el albergue del Bronx
Kaplan, juez del Distrito Sur de Nueva York, concluyó que la administración Mamdani no demostró que cumplir la citación de ICE sea una tarea «excesivamente ardua», el argumento con el que la ciudad intentaba frenar la entrega de información. La orden alcanza al refugio ubicado en el bulevar Bruckner, en Mott Haven, al sur del Bronx: es el último albergue de emergencia para migrantes que le queda a la ciudad, con capacidad para unas 2.000 personas, y su cierre está previsto para finales de este año.
Según la cobertura local del fallo, la entrega no sería indiscriminada: un perito especial designado por el tribunal deberá identificar únicamente a los hombres residentes que tengan antecedentes penales graves, entre ellos homicidio, violación, robo o agresión, y el juez dio a las partes un plazo de dos semanas para preparar el mecanismo de entrega de la información.
Una exigencia de ICE que viene de agosto de 2025
ICE empezó a exigir en agosto de 2025 los datos de los residentes de varios albergues de Nueva York y después concentró su requerimiento en el refugio del Bruckner. La ciudad se resistió amparada en sus políticas «santuario» y en las órdenes ejecutivas municipales 34 y 41 de 2003, que protegen la confidencialidad de la información migratoria de quienes acuden a los servicios públicos.
El choque por el albergue del Bronx es el capítulo más reciente de una tensión creciente. La semana pasada, Mamdani amenazó con emprender acciones legales contra el Gobierno federal si ICE sigue utilizando estacionamientos públicos de la ciudad como bases operativas para sus redadas, una práctica que calificó de ilegal y peligrosa para los residentes. En octubre, una redada en el propio Bronx terminó con un agente federal disparando e hiriendo a un hombre dominicano que viajaba en su vehículo con su hijo de cinco años.
Lo que está en juego para los residentes
Para las organizaciones de defensa de los migrantes, el fallo pone en riesgo la confianza que sostiene el sistema de albergues: si dormir en un refugio municipal puede terminar en una lista entregada a ICE, muchas familias podrían preferir la calle antes que un techo del ayuntamiento. La administración Mamdani, que ha hecho de la protección al inmigrante una de sus banderas, deberá decidir en los próximos días si apela el fallo o diseña un cumplimiento mínimo bajo la supervisión del perito especial.
