Un magistrado llama al orden a Ordóñez en plena audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. El choque ocurrió este jueves, cuando el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó la legitimidad del tribunal de paz y reclamó mayor celeridad en sus decisiones, y el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez le pidió limitarse al tema para el que fue convocado: la protección de los firmantes del acuerdo de paz.
La audiencia pública, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, buscaba evaluar los avances institucionales en la protección de los excombatientes de las FARC, sus familias y sus organizaciones, en medio de la persistencia de homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos contra esa población.
Magistrado llama al orden a Ordóñez: «No venimos a discutir la legitimidad de la JEP»
Ordóñez había afirmado que la legitimidad de la JEP se consigue con resultados y transparencia, y había celebrado que su nuevo presidente, Danilo Rojas Betancourt, manifestara su intención de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios. La respuesta de Salazar fue inmediata: «No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección», le dijo al ministro.
El ministro insistió en que no había terminado su exposición y pidió completarla. Salazar le permitió continuar, pero le recordó que tanto él como los demás funcionarios convocados debían ceñirse al seguimiento de las medidas cautelares y a las responsabilidades institucionales en materia de protección. «Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia. Usted puede tener sus opiniones, pero este no era el lugar», insistió después el magistrado, quien además pidió al Gobierno presentar un cronograma de acciones concretas para cumplir sus obligaciones de protección.
Magistrado llama al orden a Ordóñez y el Gobierno defiende su postura
Ordóñez señaló que la seguridad de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y defendió la necesidad de que la jurisdicción acelere sus procesos, cierre los casos pendientes y avance hacia decisiones definitivas que satisfagan los derechos de las víctimas. También cuestionó las «amplias benevolencias, prerrogativas y tratamientos penales especiales» del modelo de justicia transicional del acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
En la misma diligencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el panorama de violencia contra los firmantes: según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 521 firmantes han sido asesinados entre 2017 y el 18 de julio de 2026, y 353 de esos homicidios ocurrieron en municipios que contaban con una alerta de seguridad, según la Fiscalía. Es la misma cifra que esta semana recogió el informe de la Defensoría sobre los exguerrilleros asesinados en Colombia. «Las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia», argumentó Marín, al pedir fortalecer la respuesta rápida del Ministerio del Interior.
El episodio en el que un magistrado llama al orden a Ordóñez quedó como el momento más tenso de la jornada, porque resumió el choque entre el Gobierno y el tribunal sobre los tiempos y la legitimidad de la justicia transicional.
En la audiencia está previsto también que la JEP escuche a excombatientes de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de esa guerrilla. Sigue la cobertura en la sección de Colombia.
