El estado de Luisiana se ha convertido en el primer estado en exigir la exhibición de los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas, desde el jardín de infantes hasta las universidades financiadas por el estado.
La legislación redactada por el Partido Republicano exige que se muestren los Diez Mandamientos en un póster con una fuente grande y de fácil lectura en todas las aulas públicas. El proyecto de ley recibió la aprobación final este miércoles del gobernador republicano Jeff Landry.
Los opositores cuestionan la constitucionalidad de la ley y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentaría una demanda judicial. Sin embargo, los defensores dicen que el propósito de la medida no es únicamente religioso, sino que tiene importancia histórica.
En el lenguaje de la ley, los Diez Mandamientos se describen como «documentos fundamentales de nuestro gobierno estatal y nacional».
De acuerdo con la nueva norma, los carteles, que irán acompañados de una «declaración de contexto» de cuatro párrafos en la que se describa cómo los Diez Mandamientos «fueron una parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos», deberán estar colocados en las aulas a principios de 2025.
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Los carteles se pagarían mediante donaciones. Según el texto de la ley, no se utilizarán fondos estatales para aplicar el mandato.
La ley también autoriza, pero no exige, la exhibición del Pacto del Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste en las escuelas públicas de primaria a secundaria.
En otros estados, como Texas, Oklahoma y Utah, se han propuesto proyectos de ley similares que exigen la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas.
La exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Luisiana ha generado controversia y batallas legales sobre la constitucionalidad de tales medidas.
Antecedentes de la ley
En 1980, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que una ley similar de Kentucky era inconstitucional y violaba la cláusula de establecimiento de la Constitución del país.
Sin embargo, el Partido Republicano en Luisiana ha impulsado una agenda conservadora durante la sesión legislativa que concluyó a principios de este mes, lo que allanó el camino para que los legisladores impulsaran esta medida.
