El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes suspender el derecho al voto de los hijos de las personas nacionalizadas por la ley de nietos, una decisión que mantiene en el censo a unos 190.000 electores de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el tribunal descartó la petición cautelar presentada por Iustitia Europa y Vox, que pretendía dejar fuera de los comicios a ese colectivo antes de que se resolviera el fondo del caso.
La resolución llega a menos de tres semanas de la cita con las urnas y despeja, al menos por ahora, una de las mayores incertidumbres del proceso electoral: qué ocurre con los votos de las familias que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la norma conocida popularmente como ley de nietos porque abrió la puerta de la nacionalidad a hijos y nietos de españoles, entre ellos decenas de miles de descendientes en América Latina.
La ley de nietos y la diferencia entre padres e hijos
El matiz central de la decisión está en a quién alcanza y a quién no. A diferencia de sus padres, los hijos de los nacionalizados sí podrán votar el 29-N. Los padres obtuvieron la nacionalidad por una disposición de la Ley de Memoria Democrática y su derecho al voto ya había quedado suspendido cautelarmente por el propio Supremo, salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados. Esa suspensión previa no se extiende ahora a la siguiente generación: el tribunal no ha visto motivos para aplicar la misma medida cautelar a los hijos.
En la práctica, esto significa que unos 190.000 electores conservan su derecho a participar en las elecciones del 29 de noviembre mientras el procedimiento sigue su curso. Una suspensión a estas alturas habría obligado a depurar el censo a contrarreloj y habría dejado a miles de familias sin saber hasta el último momento si su voto contaba o no.
Qué pedían Iustitia Europa y Vox
La petición rechazada partió de Iustitia Europa y de Vox, que solicitaron al Supremo una medida cautelar para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos. Las medidas cautelares no resuelven el fondo de un litigio: sirven para decidir qué ocurre mientras el tribunal estudia el caso. Al descartarla, el Supremo mantiene la situación actual y evita alterar las reglas del censo a pocos días de las elecciones, un criterio que los tribunales suelen aplicar con especial prudencia cuando una decisión puede afectar al desarrollo de unos comicios ya convocados.
La cifra en juego ayuda a entender la dimensión del fallo. No se trata de un grupo testimonial: son alrededor de 190.000 personas, una bolsa de electores suficiente para pesar en circunscripciones ajustadas y, sobre todo, un colectivo repartido en buena parte fuera de España, en países con grandes comunidades de descendientes de españoles como Argentina, Cuba, Venezuela o México, donde los consulados tramitaron durante años expedientes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Un alivio para miles de familias en América Latina
Para las familias latinoamericanas que recuperaron la nacionalidad española por esta vía, la decisión del Supremo supone un alivio inmediato: los hijos de los nacionalizados podrán ejercer el voto el 29-N en las mismas condiciones que el resto del censo, sin tener que acreditar de urgencia su vínculo con el exilio. La discusión de fondo sobre el alcance de la ley de nietos seguirá en los tribunales, pero ya no condicionará la participación de este colectivo en la inminente cita electoral.
