Un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, inició este miércoles un proceso para declarar en desacato al Gobierno del presidente Donald Trump por desobedecer una orden judicial que prohibía el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador. En una extensa decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de ignorar con “completo menosprecio” la orden que le instruía revertir el traslado de estas personas, advirtiendo que la desobediencia intencional de las órdenes judiciales por parte de funcionarios públicos es incompatible con la Constitución estadounidense.
El 14 de marzo, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica utilizada en tiempos de guerra, para justificar la expulsión de cientos de venezolanos a los que acusó de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Un día después, el juez Boasberg bloqueó el uso de esta ley para deportar a los migrantes, justo cuando dos aviones con más de 200 personas ya estaban en ruta hacia El Salvador, ordenando su regreso inmediato a Estados Unidos.
Sin embargo, los vuelos continuaron su trayecto y aterrizaron en suelo salvadoreño, desatando una batalla legal sin precedentes. El juez Boasberg señaló que la administración Trump actuó con “desprecio deliberado o temerario” hacia la orden judicial, lo que constituye “causa probable” para declarar al Gobierno en desacato criminal. En su fallo, el magistrado advirtió que permitir que el Ejecutivo ignore las decisiones de la corte “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Esta situación se enmarca en un acuerdo entre Estados Unidos y el presidente salvadoreño Nayib Bukele para enviar a algunos migrantes detenidos en territorio estadounidense a la prisión conocida como CECOT, una megacárcel que ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. La ONG Human Rights Watch ha denunciado que estas deportaciones equivalen a una “desaparición forzada” de las personas afectadas.
La Administración Trump defiende las expulsiones argumentando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como Tren de Aragua y MS-13, ambas recientemente clasificadas como organizaciones terroristas por Washington. Sin embargo, investigaciones periodísticas han demostrado que la mayoría de los deportados no cuentan con antecedentes penales.
El caso ha generado múltiples demandas contra el Gobierno estadounidense y ha provocado críticas de organismos internacionales, que cuestionan la legalidad y la ética de las deportaciones masivas hacia un país con un sistema penitenciario cuestionado.
El juez Boasberg otorgó al Gobierno federal hasta el 23 de abril para responder a las preguntas del tribunal, intentar desestimar la acusación de desacato y demostrar que no violó la orden judicial. De no hacerlo, el caso será remitido al Departamento de Justicia para un posible procesamiento penal de los funcionarios responsables.
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Por su parte, la Casa Blanca anunció que presentará un recurso contra la acusación de desacato, defendiendo la legalidad de sus acciones y la necesidad de proteger la seguridad nacional frente a grupos criminales extranjeros.
La controversia también ha escalado políticamente, con el presidente Trump sugiriendo incluso la posibilidad de un juicio político contra el juez Boasberg, una medida que fue rechazada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien defendió la independencia judicial.
