El caso del joven asesinado por cobrar una mazamorra en Bogotá volvió este lunes a estremecer a Colombia.
El caso del joven asesinado por cobrar una mazamorra en Bogotá volvió este lunes a estremecer a Colombia: los tres señalados de matar a Juan José Correa, un vendedor de 17 años, podrían quedar libres en las próximas horas por vencimiento de términos, porque el Tribunal Superior, Sala Penal de Cundinamarca, lleva un año sin resolver un recurso de apelación que mantiene trabado el juicio.
Correa fue asesinado en abril de 2025 tras exigir el pago de 6.000 pesos por una mazamorra que había vendido a tres personas que se negaron a cancelarle el producto. Lo que comenzó como una jornada de trabajo para ganarse la vida honradamente terminó en un crimen que su familia todavía llora y que hoy amenaza con quedar sin castigo, no por falta de pruebas, sino por la lentitud de la justicia.
El joven asesinado por cobrar una mazamorra y un recurso que lleva un año sin respuesta
El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, responsabilizó directamente a la rama judicial de la inminente excarcelación. «Existe una responsabilidad netamente objetiva y se la tenemos que achacar al Tribunal Superior, Sala Penal de Cundinamarca, toda vez que llevan un año para resolver un recurso de apelación que fácilmente tardó 10 minutos, pero que en un año no se ha podido resolver, lo que hace que se trabe el juicio», sostuvo el jurista.
Castellanos calificó la posible libertad de los imputados como «una bofetada a las víctimas, tanto a su mamá como a este abogado». Según la representación de la familia, las pruebas del caso, entre ellas la necropsia y los testimonios uniformes, justifican una pena superior a los 30 años de prisión para los responsables.
Una orden de captura que no se ejecutó y el temor a una fuga
La defensa reveló además un antecedente que agrava la indignación: para el momento de los hechos, en abril de 2025, uno de los agresores ya contaba con una orden de captura vigente que no se había ejecutado. «Nótese que entonces no es la primera vez que el Estado le falla a mi cliente, sino en una segunda oportunidad», enfatizó Castellanos.
A ese historial se suma ahora el riesgo de fuga. La familia y su abogado temen que, una vez fuera del centro carcelario, los imputados escapen y el proceso se pierda definitivamente, dejando el crimen del adolescente en la impunidad.
La madre de Juan José también alzó su voz. «Hoy, como mamá con el corazón destrozado, como una mamá que siente que la justicia le falló a su hijo y le falló a ella, me siento decepcionada, indignada y profundamente impotente», expresó. «Hoy tengo que enfrentar el dolor de saber que quienes están señalados de quitarle la vida pueden recuperar su libertad, mientras mi hijo jamás podrá regresar a casa. Hoy ellos pueden abrazar a sus familias, pero yo tengo que ir a un cementerio para sentirme cerca de mi hijo», agregó. «Me arrebataron a Juan José, me quitaron una parte de mi vida, mis sueños y mi felicidad».
Ante la cuenta regresiva, la representación legal y la familia pidieron al Tribunal Superior que actúe de inmediato y resuelva el recurso pendiente, para evitar que el asesinato de Juan José Correa por tan solo 6.000 pesos quede impune. La presión judicial en Colombia también ha marcado otros casos recientes, como el proceso que enfrenta el presidente Gustavo Petro por las denuncias que él mismo rechazó, y la atención del país sigue puesta en hechos como el grave accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta en el Cesar.
