Colombia

Crímenes de guerra en Colombia: la JEP imputa a 18 exmandos militares y policías

La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes del Ejército y la Policía de Colombia.

La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes del Ejército y la Policía de Colombia, entre ellos un brigadier general y varios coroneles, por violencias basadas en género cometidas contra civiles durante el conflicto armado. La decisión, anunciada este martes en Bogotá por la Jurisdicción Especial para la Paz, es uno de los pronunciamientos judiciales más amplios contra antiguos mandos de la fuerza pública por este tipo de delitos.

La imputación alcanza a 16 antiguos militares y dos policías por hechos ocurridos entre 1978 y 2016, cometidos directamente por agentes estatales o en alianza con grupos paramilitares. Cuatro de los comparecientes fueron llamados como autores por omisión, 13 como coautores por su contribución a esas alianzas o a operaciones militares y uno como coautor y autor de los delitos.

La JEP imputa crímenes de guerra tras documentar 565 casos

«La JEP documentó 565 casos con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas», explicó la vicepresidenta de la JEP, Diana Vega, quien advirtió que el registro no representa la totalidad de las violencias ocurridas porque «aún existe un alto subregistro».

Entre los antiguos mandos llamados a reconocer responsabilidad están el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, señalado por omisión en la incursión paramilitar en Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, en 1999, y el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, vinculado también a los hechos de Lengupá, en Boyacá, en 1991. También figuran los tenientes coroneles retirados Orlando Hernando Pulido Rojas, por La Cabuya (Arauca, 1998), y Alfonso Moya Molina, por Chiscas (Boyacá, 2003); los coroneles retirados Jorge Augusto Terán Pineda y Édgar Omar Urbina Carrillo, por hechos en Putumayo y Meta, y el mayor de la Policía Gregory Ernesto Amado Rueda, por la masacre de Chiscas.

Dos patrones de macrocriminalidad

La jurisdicción identificó dos patrones de macrocriminalidad: por un lado, ataques contra civiles bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos directamente o en coordinación con grupos paramilitares; por otro, violencias de género utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo o disciplinamiento. Solo en la incursión paramilitar en Tibú, entre mayo y diciembre de 1999, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 sometidas a desaparición forzada y 48 torturadas, mientras más de 50 personas fueron víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, y más de 2.000 habitantes fueron desplazados forzosamente.

El expediente incluye además la violencia sexual y los asesinatos de dos niños y una niña en Tame (Arauca) en 2010, por lo que la JEP busca establecer la responsabilidad de los superiores del entonces oficial Raúl Muñoz Linares, ya condenado por la justicia ordinaria. Los delitos imputados incluyen persecución por motivos de género, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual, asesinato, homicidio, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzoso y tratos crueles.

Una vez notificados, los 18 comparecientes tendrán 15 días hábiles para manifestar si reconocen total o parcialmente los crímenes o si rechazan su responsabilidad. Si no reconocen los cargos, la jurisdicción podrá remitir el expediente a su Unidad de Investigación y Acusación para que evalúe llevarlos a juicio. La decisión se conoce en medio de otros frentes judiciales que involucran a uniformados en el país, como el caso de los militares judicializados por viáticos en Cúcuta, y mientras Norte de Santander sigue golpeado por la violencia, como muestra el secuestro en la vía Tibú-Cúcuta reportado este mismo martes.

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