Siete militares judicializados por viáticos en Colombia quedaron.
Siete militares judicializados por viáticos en Colombia quedaron en el centro de un escándalo de corrupción que la Fiscalía General de la Nación reveló este martes 17 de noviembre: un capitán y seis suboficiales de un batallón con sede en Cúcuta fueron capturados en siete ciudades del país por presuntamente cobrar pagos de comisiones de servicio que nunca se realizaron.
Militares judicializados por viáticos: capturas en siete ciudades
Los procedimientos los adelantaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con apoyo del propio Ejército, en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta. Después de las capturas, los uniformados fueron presentados ante la justicia.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los siete aceptó los cargos, según informó la Fiscalía.
Militares judicializados por viáticos: los nombres que entregó la Fiscalía
Los investigados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega; y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez. Para la época de los hechos, todos cumplían funciones administrativas, logísticas y operacionales en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta.
Documentos adulterados entre enero y abril de 2025
De acuerdo con la investigación, entre enero y abril de 2025 los uniformados habrían elaborado, presentado y legalizado documentos con inconsistencias para justificar desplazamientos a distintas ciudades y obtener así el pago de los viáticos. Al comparar los informes de cumplimiento con los registros oficiales de las unidades, los investigadores encontraron que algunos viajes nunca se hicieron y que otros no correspondían a las comisiones autorizadas; incluso hubo casos en los que los militares figuraban en desplazamiento mientras estaban en situaciones administrativas incompatibles con esas actividades.
La afectación a los recursos públicos superó los 10 millones de pesos en esos cuatro meses, una cifra que la Fiscalía considera acreditada mientras continúa estableciendo la participación individual de cada procesado.
Los militares judicializados por viáticos quedaron en libertad, pero con prohibiciones
El juez de control de garantías no impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad. En su lugar, ordenó medidas no privativas que incluyen la prohibición de salir del país y de comunicarse con los testigos de la investigación, por lo que los siete podrán seguir el proceso fuera de prisión siempre que cumplan esas restricciones.
La judicialización seguirá su curso en los juzgados de Norte de Santander, mientras la Fiscalía reúne los soportes de cada comisión pagada y no cumplida.
El caso se suma a los frentes judiciales y de seguridad que concentran la atención en Colombia esta semana, entre ellos el ataque con un dron cargado de explosivos contra la estación de Policía de El Pital, en el Huila, y el debate económico abierto por la propuesta de bajar el IVA general del 19 % al 17 %. En Cúcuta, la Fiscalía anticipó que seguirá adelantando las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los militares judicializados por viáticos.