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Desterrados de Nicaragua: vuelven por puntos ciegos porque Ortega les niega la entrada

Los desterrados de Nicaragua ya no solo salen del país: ahora también tienen prohibido volver.

Los desterrados de Nicaragua ya no solo salen del país: ahora también tienen prohibido volver. Un reportaje de BBC Mundo publicado este martes documenta cómo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impide el regreso de ciudadanos nicaragüenses a los que considera un riesgo, y cómo algunos de ellos terminan entrando a su propio país por puntos ciegos de la frontera con Honduras, caminando entre cafetales y platanales para no ser detectados.

El caso que abre el reportaje es el de Manuel, un nombre ficticio usado por seguridad. Tras unas vacaciones en España, llegó al aeropuerto de Barajas, en Madrid, para tomar su vuelo de regreso, y en el mostrador de la aerolínea recibió la frase que le cambió la vida: el gobierno de su país no le permitía entrar. La empleada le anotó en un papel el correo del Ministerio del Interior al que podía escribir. Manuel se apartó de la fila con sus maletas, se sentó en el suelo del aeropuerto y lloró, según su testimonio.

Desterrados de Nicaragua: 318 regresos negados, según la ONU

El caso de Manuel no es aislado. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha documentado al menos 318 casos de denegación de entrada entre junio de 2018 y agosto de 2025. La mayoría de esas personas se queda fuera, desterrada y en trámites de asilo, pero otras regresan por pasos irregulares y llevan después una vida de silencio y cuidados extremos dentro de Nicaragua, por miedo a que la policía toque a su puerta.

La negativa de ingreso tiene desde noviembre de 2024 un respaldo legal expreso: la Asamblea Nacional, leal a Ortega y Murillo, reformó la Ley de Migración y Extranjería para facultar a la Dirección General de Migración a autorizar o denegar el ingreso y a cancelar residencias y nacionalidades. Una adición al Código Penal castiga además con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren o salgan de forma irregular con fines que el gobierno considere lesivos para la soberanía.

Una política que el gobierno defiende en público

En noviembre de 2025, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, defendió la política de denegar el ingreso de forma discrecional y aseguró que el gobierno seguirá haciéndolo con quienes considere un riesgo para la seguridad nacional. BBC Mundo pidió su versión a la copresidenta Rosario Murillo, que se limitó a responder por correo: «Gracias por su interés».

El cerco se completa con otras dos medidas recientes: en 2023 el gobierno revocó la ciudadanía a 316 nicaragüenses considerados opositores —una decisión que Washington calificó entonces de paso más hacia un régimen autocrático— y en septiembre de 2024 aplicó la misma fórmula a 135 presos desterrados a Guatemala. En enero de 2025, una reforma constitucional anuló además el derecho a la doble nacionalidad. El telón de fondo es la represión de las protestas de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó al menos 328 muertos.

Volver a casa como un delito

Manuel, que participó en aquellas protestas y luego se apartó de la actividad política, decidió no quedarse en España. Voló a Honduras y cruzó la frontera de madrugada por un camino de monte, con la ayuda de contactos de su familia: tras recibir el sello de salida hondureño, en vez de presentarse al puesto nicaragüense se internó entre los árboles y caminó cerca de media hora hasta ver la carretera, donde un familiar lo esperaba en una camioneta. Ya en Nicaragua, durante semanas le costó dormir y revisaba las cámaras de su casa temiendo una detención.

Hoy Manuel está de regreso en Madrid, en trámites para solicitar asilo, y resume así su experiencia: andar de ilegal en su propio país genera una ansiedad permanente. Su ruta por Honduras es la misma que usan a diario miles de migrantes centroamericanos en sentido contrario, como la caravana que salió a pie de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos, y deja una paradoja que resume la crisis nicaragüense: para un grupo creciente de ciudadanos, la frontera más difícil de cruzar ya no es la de otro país, sino la de su propia casa. La situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue también bajo la lupa de organismos como los que vigilan otros frentes de la región, en un continente donde la movilidad forzada se ha vuelto el tema que conecta a Managua con la crisis política de Haití y con la diáspora venezolana.

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