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Apple juzgada en Francia: irá a juicio en 2027 por bloquear la reparación de los iPhone

Apple juzgada en Francia ya tiene fecha: la compañía comparecerá en junio de 2027 ante un tribunal de París.

Apple juzgada en Francia ya tiene fecha: la compañía comparecerá en junio de 2027 ante un tribunal de París, acusada de organizar la obsolescencia programada de sus iPhone al impedir la reparación de varios modelos fuera de sus tiendas y circuitos oficiales, según confirmó una fuente cercana al caso a la agencia AFP.

La fiscalía citó a comparecer durante cuatro días, a partir del 17 de junio de 2027, a dos entidades del grupo: Apple Distribution International y la matriz, Apple Inc. La acusación sostiene que, entre noviembre de 2021 y julio de 2024 —más de dos años y medio—, la empresa configuró el software de sus teléfonos para hacer imposible su reparación o reacondicionamiento fuera de los canales autorizados.

Así funcionaba el bloqueo, según la acusación

De acuerdo con la fuente citada por AFP, el sistema operativo de los iPhone verificaba el número de serie de los componentes y desactivaba ciertas funciones cuando una pieza se reparaba «fuera de su circuito» oficial. El objetivo, sostiene la acusación, habría sido empujar a los consumidores a sustituir el equipo y aumentar las ventas del producto estrella de la compañía.

La obsolescencia programada es la práctica de reducir deliberadamente la vida útil de un producto para obligar a reemplazarlo antes de tiempo. En el caso de Apple, el peso del iPhone es difícil de exagerar: la multinacional supera los 400.000 millones de dólares de ingresos anuales y cerca de la mitad procede de las ventas de ese único dispositivo.

La vista oral, además, obligará a Apple a explicar en público y bajo juramento cómo diseña el emparejamiento de piezas por número de serie, una práctica conocida en la industria como «parts pairing» que los reparadores independientes denuncian desde hace años en Europa y en Estados Unidos como la barrera invisible que encarece cada arreglo.

Apple juzgada en Francia: una denuncia de 2022 que llega a juicio

El proceso nace de la denuncia presentada el 7 de diciembre de 2022 por la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP, por sus siglas en francés), que califica estas acciones judiciales contra el gigante estadounidense de «inéditas». Francia es, de hecho, uno de los pocos países del mundo donde la obsolescencia programada es un delito tipificado desde 2015, en un momento en que la tecnología afronta frentes judiciales en varios países, como el juicio que California lleva contra OpenAI, y ya en 2020 sus autoridades de consumo impusieron a Apple una multa de 25 millones de euros por no informar de que sus actualizaciones ralentizaban los iPhone antiguos.

Consultada por AFP, la compañía respondió con una negativa tajante: «Rechazamos firmemente estas acusaciones infundadas». Esa será su línea de defensa en un juicio que, por su duración prevista y por el peso del acusado, se perfila como el mayor examen judicial al modelo de reparación de la industria tecnológica en Europa.

El caso se suma a una presión regulatoria creciente sobre el sector: Francia aplica desde 2021 un índice de reparabilidad obligatorio que puntúa qué tan fácil es arreglar cada dispositivo a la venta, y la Unión Europea ha ido endureciendo sus normas para obligar a los fabricantes a ofrecer repuestos y manuales durante años. Para los talleres independientes, el juicio de París es la prueba de fuego de todo ese andamiaje legal.

Por qué importa más allá de Francia

Que Apple juzgada en Francia llegue a sentarse en el banquillo marca un precedente para el llamado derecho a reparar, la batalla que libran talleres independientes y consumidores de todo el mundo —también en Estados Unidos y América Latina— para poder arreglar sus dispositivos sin depender del fabricante. Una condena en París obligaría a repensar cómo se diseñan los teléfonos; una absolución reforzaría el control de las grandes tecnológicas sobre la vida útil de los aparatos que venden.

La presión sobre las grandes tecnológicas no se limita a los tribunales: también llega desde la política comercial, como muestra el cierre del grifo de los chips de IA a China decidido por Washington días antes de su cumbre con Pekín.

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