La JEP imputa a 12 uniformados en la Comuna 13 de Medellín por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes 30 de octubre la imputación contra ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía, seleccionados como máximos responsables dentro del subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los crímenes de la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares.
Entre los 12 señalados están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la Sala atribuyó responsabilidad por omisión. Según la investigación, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra la población civil hicieron parte de un patrón macrocriminal en el que participaron integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas.
La JEP imputa a 12 uniformados en la Comuna 13 tras documentar 951 hechos
La Sala determinó que entre 2001 y 2004 se registraron 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores cercanos, y que algunas víctimas sufrieron más de un crimen. El universo provisional incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 de lesiones personales, 34 de tortura y siete de violencia sexual, además de 380 víctimas de privaciones graves de la libertad. La investigación también encontró actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) entre 2002 y 2004.
Para la JEP, dos políticas articularon los crímenes: la estigmatización de la población civil, señalada de pertenecer o colaborar con las milicias, y la no agresión y colaboración entre integrantes del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares. La Sala reconstruyó las operaciones militares y policiales desarrolladas en la comuna, especialmente Mariscal y Orión —ejecutada el 16 y 17 de octubre de 2002—, y determinó que durante su ejecución se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Después de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara se convirtió en el actor hegemónico en la Comuna 13 y estableció un control social, territorial y económico sobre distintos sectores.
Las unidades y la investigación detrás de la decisión
La alianza, según la Sala, involucró a integrantes de unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército, entre ellas el Batallón de Ingenieros N.º 4 Pedro Nel Ospina, el Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío y la Brigada Regional de Inteligencia Militar, además de unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Para llegar a esta decisión, la Sala realizó 150 diligencias: 79 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública —52 del Ejército y 27 de la Policía— y 71 testimonios, nueve de ellos de antiguos paramilitares, 16 de funcionarios públicos y 46 de víctimas y habitantes de la Comuna 13. También inspeccionó 200 expedientes de homicidios y desapariciones forzadas.
La investigación recogió los aportes de las víctimas y de las organizaciones sociales, y se articuló con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y otros lugares de la Comuna 13. En la primera fase del subcaso se acreditaron 152 víctimas individuales y 12 víctimas colectivas que agrupan a 519 personas. La JEP precisó que la imputación es una atribución de responsabilidad dentro de su proceso y no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria. La decisión se conoce en la misma semana en que la ONU renovó su misión de verificación en Colombia hasta 2027 y sigue a otras imputaciones recientes de la jurisdicción, como la formulada contra Pablo Catatumbo y ocho exjefes de las FARC. Toda la cobertura del país está en Colombia de La Noticia De Hoy.
