La intervención en San Andrés fue solicitada este domingo por la Presidencia de la República, que pidió a la Procuraduría, la Contraloría.
La intervención en San Andrés fue solicitada este domingo por la Presidencia de la República, que pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía actuar de inmediato y de manera articulada para investigar los presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El anuncio lo hizo la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, en un video difundido por la Casa de Nariño. La funcionaria explicó que la instrucción partió directamente del presidente Abelardo de la Espriella, tras su visita de trabajo al archipiélago, en la que escuchó de primera mano las quejas de los isleños sobre obras que no se terminan, servicios que no llegan y organismos de control locales que, según los denunciantes, no han actuado para frenar a los corruptos.
Intervención en San Andrés: investigaciones coordinadas desde Bogotá
La petición del Gobierno tiene un componente que la hace excepcional: las investigaciones deberán coordinarse desde Bogotá, con mecanismos de control preferente y especial, y con la conformación de un grupo especial de investigadores. El propósito declarado es blindar los expedientes de las eventuales interferencias locales, porque la Presidencia sostiene que no se trata de un solo caso aislado, sino de varios hechos dispersos en distintas entidades y momentos que, vistos en conjunto, muestran el mismo patrón.
Lombana, exmagistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, describió cómo operaría la cooptación de la contratación pública en el archipiélago, un proceso que calificó de silencioso pero devastador: un grupo reducido de contratistas se apropia de los contratos regionales mediante procesos diseñados a la medida y de oferente único; después financia campañas políticas para incidir en gobernaciones y alcaldías; y al final el círculo se cierra con la captura de los organismos de control locales, que dejan de vigilar a quienes deberían vigilar.
«Cada peso que se pierde en corrupción es un peso que se le quita a un hospital, a un colegio, a una vía o al agua potable de una familia», afirmó la secretaria de Transparencia, quien insistió en que nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo que ocupe, el apellido que tenga o el partido al que pertenezca. La Presidencia acompañó el anuncio con un mensaje contundente: «Los recursos de los isleños no son el botín de políticos ni de contratistas corruptos» y «la distancia no puede seguir siendo refugio de la impunidad».
El choque con la gobernadora y el hospital departamental
La ofensiva anticorrupción llega horas después de la tensa visita de De la Espriella a la isla, marcada por la discusión que sostuvo con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. El mandatario las acusó de oponerse a la intervención del hospital departamental ordenada por la Superintendencia de Salud y de impulsar bloqueos frente a esa acción; Ordóñez respondió que las acusaciones no eran ciertas.
El presidente afirmó que la intervención del hospital se ordenó porque «llevan años robándose el hospital». El balance de la Superintendencia de Salud sobre el centro asistencial respalda la gravedad del panorama: deficiencias estructurales y operativas críticas, deterioro de la infraestructura, condiciones inadecuadas de los equipos e incumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
El episodio de San Andrés se suma a otras tensiones recientes del Gobierno de De la Espriella con autoridades e instituciones, como la intervención del plantón en el Museo Nacional de Bogotá por el retiro de unas 30 piezas, que desató un pulso cultural y político en la capital.
El llamado a denunciar y lo que viene
Lombana cerró el anuncio con un llamado directo a la ciudadanía isleña: «Necesitamos su ayuda. Si conocen hechos de corrupción, denúncienlos ante las autoridades competentes. Lo que pasa en San Andrés nos importa a todos». La Presidencia remarcó que no desconfía de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que, según su diagnóstico, interfieren en los organismos de control de la isla y han impedido que los procesos avancen.
Ahora la palabra la tienen la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que deberán decidir cómo asumen desde el nivel central los procesos sobre la contratación del archipiélago. De su respuesta dependerá si la intervención en San Andrés se traduce en expedientes que avancen fuera de la isla o si queda como un anuncio más en la larga lista de denuncias sobre el manejo del erario en el departamento insular. En paralelo, el Gobierno nacional mantiene su presencia en los territorios, como quedó en evidencia con operativos recientes como el rescate en Mapiripán de una adolescente reclutada por disidencias de las FARC.
