La extorsión a transportadores en Soacha quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación: una mujer.
La extorsión a transportadores en Soacha quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación: una mujer y dos menores de 16 años son señalados de haber sembrado el terror durante los dos últimos meses entre los conductores de buses de ese municipio de Cundinamarca, a quienes les exigían pagos semanales a cambio de permitirles trabajar.
La mayor de edad fue identificada como Yisseth Daniela De Diego Zárate y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Los dos adolescentes, cuyos nombres no fueron revelados por su condición de menores, fueron enviados a internamiento preventivo. Un fiscal de la Fiscalía Seccional Cundinamarca les imputó a los tres el delito de extorsión agravada, cargos que ninguno de los procesados aceptó.
Extorsión a transportadores en Soacha: cuotas de 22.000 a 50.000 pesos por vehículo
Según la investigación, las víctimas fueron al menos 20 conductores que prestan el servicio desde un paradero de una ruta que cubre distintos barrios de Soacha. Los señalados les exigían pagos que oscilaban entre los 22.000 y los 50.000 pesos colombianos por cada vehículo, como una tarifa semanal para que pudieran seguir buscando el sustento diario sin represalias.
El modo de operar combinaba la presencia en el paradero con llamadas intimidantes. De acuerdo con el ente judicial, los blancos de las exigencias eran abordados para obtener los números de celular de otros conductores del mismo trayecto y luego recibían llamadas de una persona que se identificaba como supuesto integrante de un grupo delincuencial. Uno de los adolescentes, según la Fiscalía, tenía la tarea de vigilar a los transportadores y controlar la entrega de los dineros.
Así cayó la exigencia del 28 de septiembre, según el fiscal
En la audiencia, el fiscal narró una ocasión en la que Zárate y una adolescente actuaron de manera coordinada el pasado 28 de septiembre para exigirle pagos a un conductor informal. Para respaldar la exigencia, le manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un teléfono celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe de la organización, quien le pidió el número del jefe de ruta e impuso el pago de 50.000 pesos por cada vehículo que operara en el sector.
Esa misma noche, según el relato fiscal, las dos regresaron al lugar acompañadas de un hombre en motocicleta y reiteraron la exigencia: el dinero debía entregarse a más tardar el 2 de octubre de 2026 y, a partir de esa fecha, todos los conductores debían cancelar semanalmente la cuota bajo la amenaza de impedirles trabajar y atentar contra su integridad. Quienes no pagaran, les advirtieron, no podrían trabajar y sus vidas correrían peligro.
Capturados en flagrancia recibiendo 300.000 pesos
Los tres señalados fueron aprehendidos en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional justo cuando estaban recibiendo una suma de 300.000 pesos, uno de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía compiló en la investigación. Con su judicialización, las autoridades buscan desmontar una presión que, según los conductores afectados, se había vuelto parte del costo de salir a trabajar cada día en Soacha.
El caso se suma a otras operaciones recientes contra estructuras que viven de la amenaza en Colombia, como la captura de alias Julito en Bucaramanga y la de alias Junior Rojas, cabecilla financiero de las disidencias en el Meta. Para los transportadores de Soacha, la medida contra la mujer y los dos menores abre ahora la etapa judicial en la que se definirá su responsabilidad en las extorsiones.
