Las aguas territoriales de Colombia en el Caribe tendrán por primera vez coordenadas oficiales.
Las aguas territoriales de Colombia en el Caribe tendrán por primera vez coordenadas oficiales: el presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo que el próximo 30 de noviembre su gobierno expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el instrumento que definirá con precisión qué considera Bogotá como su mar territorial en torno a las islas.
El anuncio se hizo durante la visita de trabajo del mandatario al archipiélago, la misma jornada en la que la Presidencia pidió la intervención inmediata de los entes de control en San Andrés por los presuntos entramados de corrupción en las islas. La decisión marítima, sin embargo, apunta mucho más lejos: reactiva el capítulo territorial con Nicaragua, el litigio que durante más de dos décadas ha marcado la política exterior colombiana en el Caribe.
Las aguas territoriales de Colombia tendrán coordenadas por primera vez
El decreto fijará las líneas de base desde las cuales se miden las 12 millas náuticas de mar territorial que rodean a San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islotes, cayos y arrecifes del archipiélago, y esas coordenadas se publicarán «en las cartas náuticas oficiales» del país. Hasta ahora, sucesivos gobiernos habían evitado trazar esa delimitación con coordenadas precisas, un pendiente que se arrastra desde hace décadas.
«Vamos a cartografiar lo que es nuestro», afirmó De la Espriella al presentar la medida. «Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores», apuntó el presidente, que en ningún momento mencionó directamente a Nicaragua, el país que ha reclamado esos espacios marítimos frente a sus costas.
El mandatario enmarcó el decreto en una «política de defensa integral del territorio» y avanzó su intención de convertir a San Andrés en un centro de colaboración «con los vecinos demócratas» para el seguimiento marítimo, las operaciones de búsqueda y salvamento y la cooperación articulada contra el crimen en el Caribe occidental.
La disputa con Nicaragua que vuelve a primer plano
La historia detrás del anuncio es larga. Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2001 por la soberanía del archipiélago y la delimitación de las fronteras marítimas entre ambos países. En 2012, el tribunal de La Haya confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre todas las islas, cayos y arrecifes, pero redibujó la frontera marítima y otorgó a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva en aguas que Bogotá consideraba propias.
Once años después, en 2023, la CIJ cerró el litigio al rechazar las pretensiones de Managua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, por encima del mar territorial colombiano. El nuevo decreto no reabre formalmente ese expediente, pero sí fija por escrito, con coordenadas, la posición colombiana: un paso que los expertos suelen leer como una señal diplomática y, a la vez, como una herramienta práctica para la Armada, la guarda costera y los pescadores raizales que faenan en esas aguas.
El archipiélago está mucho más cerca de Nicaragua que del territorio continental colombiano: apenas 110 kilómetros lo separan de la costa nicaragüense, frente a unos 720 kilómetros de la costa de Cartagena. En torno a las islas se extiende además la reserva de la biosfera Seaflower, un área marina protegida de unos 60.000 kilómetros cuadrados donde están vedadas la pesca industrial y la extracción de petróleo.
Qué cambia para San Andrés y sus pescadores
Para los habitantes del archipiélago, la delimitación tiene efectos concretos: define con exactitud las aguas en las que la pesca artesanal raizal está amparada por la jurisdicción colombiana y las zonas en las que las autoridades pueden actuar contra la pesca ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales que cruzan el Caribe. También ordena el trabajo de vigilancia sobre un espacio que Colombia considera estratégico y que ha sido escenario de incidentes recurrentes con embarcaciones extranjeras.
El movimiento se suma a otros giros recientes de la política exterior de Bogotá, como la salida de Colombia del Grupo de La Haya, y confirma que el gobierno de De la Espriella quiere proyectar una línea dura en materia de soberanía. La prueba de fuego llegará el 30 de noviembre, cuando el texto del decreto permita medir su alcance real y cuando se conozca la reacción de Managua, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el anuncio.
