La indagatoria de Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja tiene nueva fecha. La Fiscalía General de la Nación reprogramó la continuación de la diligencia del expresidente colombiano para el 11 de diciembre de 2026, dentro de la investigación por los crímenes cometidos en Ituango, Antioquia, durante la década de 1990.
La reprogramación se conoció este lunes, después de que la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias que enfrentaba a la Fiscalía con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Al no pronunciarse de fondo sobre cuál autoridad debía asumir el expediente, la Corte dejó la investigación en manos de la Fiscalía, que fijó la nueva fecha para seguir escuchando al exmandatario.
La indagatoria de Álvaro Uribe: qué investiga la Fiscalía
El expediente reúne varios de los episodios más graves del conflicto armado en Antioquia. La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 en zona rural de Ituango, donde paramilitares asesinaron a campesinos. La masacre de El Aro se perpetró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, cuando un grupo armado incursionó en ese corregimiento y asesinó a varios de sus habitantes.
La investigación también comprende el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín tras denunciar la violencia paramilitar en Ituango y señalar posibles omisiones de las autoridades. A ello se suma la presunta conformación de una estructura paramilitar que habría operado desde la hacienda Las Guacharacas, en el municipio de San Roque, propiedad de la familia Uribe en la época de los hechos. Por estos hechos, la Fiscalía investiga al expresidente por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Uribe ya rindió una primera sesión y defendió su inocencia
La primera sesión de la indagatoria se realizó el 4 de septiembre de 2026. En esa diligencia, Uribe defendió su inocencia y rechazó los señalamientos: «Creí que le había servido a la Nación pero hoy acudo a decir que no he sido asesino», manifestó el expresidente, que gobernaba Antioquia cuando ocurrieron los hechos investigados.
El proceso incluye además los testimonios del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos vínculos entre estructuras paramilitares y funcionarios de la Gobernación de Antioquia de la época. La defensa de Uribe ha rechazado que esas declaraciones demuestren que el exmandatario conociera o participara en las masacres. El caso se mueve en paralelo a otras tensiones institucionales del país, como la revisión de contratos de la DNI que adelanta la Contraloría.
Con la diligencia del 11 de diciembre, la Fiscalía busca avanzar en la valoración de los elementos del expediente. Se trata de una etapa de investigación y no representa, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal. La agenda judicial y política de Colombia sigue marcada por estos procesos históricos, en un escenario donde también pesan decisiones como la de Gustavo Petro de dejar X como su red principal.
