La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria y de violencia sin precedentes, marcada por el reciente fracaso del proceso de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano. En los últimos días, más de 80 personas han perdido la vida debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de al menos 11,000 personas en menos de una semana.
La Defensoría del Pueblo ha reportado muertes en localidades como Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, donde las víctimas incluyen firmantes de paz y líderes campesinos. La situación se ha deteriorado rápidamente, y la defensora del pueblo, Iris Marín, ha calificado esta crisis como una de las más graves que ha enfrentado la región.
El conflicto en Catatumbo no es nuevo; esta zona ha sido históricamente un campo de batalla por el control territorial entre diversos grupos armados. El ELN se enfrenta a disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016. Ambos grupos luchan por controlar los cultivos de coca en una región estratégica para las rutas del narcotráfico.
La reciente suspensión del proceso de paz por parte del presidente Gustavo Petro ha intensificado la violencia. El mandatario tomó esta decisión tras acusar al ELN de no mostrar voluntad para la paz, afirmando que la organización se había convertido en una «narcoarmada». En respuesta a esta situación, Petro declaró: «El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el Gobierno, estamos al lado del pueblo».
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, visitó la ciudad de Cúcuta para discutir medidas de seguridad y exigió al ELN cesar todos los ataques y permitir que las autoridades ingresen a la región para brindar ayuda humanitaria. Esta es la segunda vez que el Gobierno suspende las negociaciones con el ELN en menos de un año.
Los recientes enfrentamientos han dejado a los civiles atrapados en medio del fuego cruzado. La Defensoría del Pueblo ha informado que aquellos identificados como colaboradores han sido atacados simplemente por ser familiares o personas cercanas a los combatientes. La situación ha llevado a miles a huir hacia áreas urbanas como Cúcuta y Ocaña, donde buscan refugio.
