La inestabilidad política que atraviesa Venezuela tras las elecciones de julio se ve empeorada por la cruda realidad en el sistema penitenciario del país.
Cerca de 50 mil personas privadas de libertad sufren los efectos del retardo procesal, una situación que según Remigio Ceballos, ministro de Interiores, Justicia y Paz, podría desencadenar la liberación de hasta 12,000 reclusos.
Durante la apertura del primer diplomado para custodios en Caracas, Ceballos confirmó la posibilidad de estas liberaciones indicando que se debe a la demora en los procesos penales.
Además, admitió las serias fallas del sistema carcelario venezolano, que han llevado a un relajamiento en la disciplina interna de las prisiones.
Destacó la urgencia de reformar el sistema penitenciario, enfocándose en la rehabilitación de los reclusos en lugar de simplemente castigarlos.
El ministro exhortó a los custodios a reconocer que trabajan bajo condiciones de guerra en Venezuela, advirtiendo sobre intentos de sectores políticos de hacer uso de las cárceles como mecanismo de poder.
Enfatizó la importancia de dignificar el sistema penitenciario, abordando también aspectos logísticos, médicos y laborales, así como la eliminación del retardo procesal que afecta a miles de presos en el país.
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Un llamado a la seriedad y al orden: Transformación del Ministerio Penitenciario
Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, hizo hincapié en la importancia de la labor de custodia como un asunto de seguridad estatal y nacional.
Tras su designación, recibió del presidente Nicolás Maduro la encomienda de optimizar y reestructurar el Ministerio Penitenciario hacia un enfoque más limpio y ético.
En su intervención, García Zerpa denunció la presencia de líderes negativos (pranes) en diversas cárceles, quienes no solo ejercían control y cobraban por servicios dentro de las mismas, sino que también estarían involucrados en planes violentos con grupos extremistas.
Subrayó la necesidad de establecer un nuevo orden y seriedad en la gestión penitenciaria, declarando que los directores de las prisiones no pueden colaborar con actividades delictivas.
Ante estas revelaciones, el llamado por parte de las autoridades es claro: poner fin al caos imperante en los centros de reclusión, con un enfoque revitalizado en la rehabilitación de los detenidos y la reconstrucción de un sistema penitenciario eficiente y justo en Venezuela.
