La Fiscalía de Corea del Sur volvió a pedir este jueves la pena de muerte.
La Fiscalía de Corea del Sur volvió a pedir este jueves la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que desató una de las mayores crisis institucionales en la historia democrática del país asiático. La petición se produjo en el juicio de apelación que examina el Tribunal Superior de Seúl, después de que un tribunal condenara en febrero de este año al exmandatario a cadena perpetua por liderar una insurrección.
«No hay motivos para dudar a la hora de imponer la pena de muerte», dijo uno de los fiscales del equipo especial encargado del caso, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap. La Fiscalía ya había solicitado la pena capital durante el proceso anterior, pero el tribunal decidió entonces rebajar la condena a cadena perpetua, una sentencia que Yoon apeló y que ahora está en revisión.
La pena de muerte, otra vez sobre la mesa en el caso Yoon
La nueva petición no cambia por sí sola la situación del expresidente: será el Tribunal Superior de Seúl el que decida si mantiene la cadena perpetua, la endurece en la línea que pide la Fiscalía o la modifica en cualquier otro sentido. En Corea del Sur existe de facto una moratoria sobre la pena de muerte y no se ha registrado ninguna ejecución en el país desde 1997, aunque la pena capital sigue prevista en el ordenamiento y los tribunales continúan imponiéndola en algunos casos.
El equipo especial de la Fiscalía sostiene que la gravedad de los hechos —un presidente que declaró la ley marcial y movilizó a las fuerzas de seguridad contra el Parlamento— justifica la máxima pena. La defensa de Yoon, por su parte, mantiene su apelación contra la condena por insurrección dictada en febrero.
La noche de la ley marcial que sacudió a Corea del Sur
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial y envió al Ejército y a las fuerzas antidisturbios para intentar paralizar la Asamblea Nacional. El Parlamento logró sesionar y bloqueó el decreto unas horas después, en una jornada que dejó imágenes de soldados en la sede legislativa y de ciudadanos y diputados enfrentándose a las tropas para proteger la Cámara.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas y duraderas. Yoon fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no existían indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto. Desde entonces, los tribunales también han condenado a otros miembros de su Gobierno, entre ellos el ex primer ministro Han Duck-soo, a 15 años de prisión, y el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, a 30 años.
Un juicio que sigue definiendo la crisis institucional
El caso de Yoon se convirtió en el proceso judicial más importante de la Corea del Sur contemporánea: es la primera vez que un expresidente del país es condenado por insurrección en relación con una declaración de ley marcial. La revisión en apelación, con la Fiscalía insistiendo en la pena de muerte y la defensa buscando revertir la condena, mantiene abierto el capítulo judicial de una crisis que ya transformó el mapa político surcoreano.
Por ahora no hay fecha anunciada para la sentencia del Tribunal Superior de Seúl. Hasta que llegue, Yoon seguirá cumpliendo la cadena perpetua impuesta en febrero, mientras el debate sobre la pena capital —formalmente vigente pero sin ejecuciones desde hace casi tres décadas— vuelve al centro de la conversación pública del país.
La petición fiscal también reaviva la discusión entre quienes consideran que la cadena perpetua ya castiga de forma ejemplar el asalto a las instituciones y quienes creen que solo la pena máxima responde a la magnitud de un intento de quebrar el orden constitucional desde la propia presidencia del país.
