La Fiscalía archiva investigación contra Álvaro Uribe por el presunto soborno a exparamilitares.
La Fiscalía archiva investigación contra Álvaro Uribe por el presunto soborno a exparamilitares, al concluir que no fue posible establecer la existencia de los hechos denunciados. La decisión, contenida en una resolución de 47 páginas, cierra por ahora una de las indagaciones más largas y sensibles que enfrentaba el expresidente colombiano, abierta desde la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
El expediente investigaba supuestos pagos y presiones a exintegrantes de estructuras paramilitares para que declararan contra el senador Iván Cepeda o modificaran sus versiones sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas. En el proceso, Cepeda figuraba como víctima y las conductas examinadas eran el soborno en actuación penal y el fraude procesal.
Por qué la Fiscalía archiva investigación contra Álvaro Uribe
La resolución se apoya en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que permite archivar las diligencias cuando no existen elementos que permitan caracterizar la conducta investigada como delito. En su conclusión central, el ente acusador sostuvo que «no es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en actuación penal», según el texto conocido por medios nacionales.
De acuerdo con la Fiscalía, varias de las versiones analizadas se apoyaban en rumores o referencias indirectas y no contaban con elementos suficientes para sostener la continuidad de la investigación. Entre los señalamientos examinados estaban los relacionados con los exparamilitares conocidos con los alias de «Simón» y «Castañeda», a partir de declaraciones del exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra.
Un expediente que nació en 2018
El caso se remonta a la denuncia que el propio Uribe presentó años atrás contra Iván Cepeda, a quien acusó de buscar testimonios de exparamilitares en su contra. En 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y compulsó copias para que se indagara al expresidente por la presunta manipulación de testigos, origen del expediente que ahora se archiva.
El abogado defensor Jaime Granados celebró la decisión y aseguró que «en algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron». Granados agregó que seguirán «defendiendo la democracia y confiando en las instituciones» y sostuvo que «nunca es tarde para rectificar la persecución», aunque advirtió que, a su juicio, «la deuda no se ha saldado» porque quedan otros procesos por resolver. El partido Centro Democrático también se pronunció y afirmó que la verdad terminó imponiéndose.
El archivo no es una absolución definitiva
La propia resolución deja abierta la puerta a que la investigación se reactive: si aparecen nuevos elementos de prueba mientras la acción penal siga vigente, la Fiscalía podrá reabrir las diligencias, como lo contempla el mismo artículo 79. Por eso, en términos jurídicos, se trata de un archivo y no de una absolución de fondo.
El expresidente mantiene además otros frentes judiciales abiertos, entre ellos el expediente por las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Las Guacharacas, cuya indagatoria fue reprogramada para diciembre. Ese proceso es distinto al que acaba de archivarse y sigue su curso ante la Fiscalía, como puede seguirse en la cobertura de Colombia de La Noticia De Hoy.
