La recién aprobada Ley de Protección de Pensiones, que establece la contribución de entre el 1 % y 15 % de la nómina de empresas privadas para el pago a pensionados en Venezuela, generó opiniones encontradas dentro del ámbito empresarial del país sudamericano.
Desde Fedecámaras, se perciben con agrado las disposiciones de la nueva normativa, al considerar que esta medida beneficiará a los adultos mayores al garantizarles un ingreso más sustancial. Por otro lado, en la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) existe cierta inquietud debido a la carga fiscal adicional que enfrenta el sector privado venezolano.
Venezuela cuenta con más de cuatro millones de pensionados cuyo ingreso mensual es simbólico en comparación con el costo de vida en el país caribeño. A pesar de las medidas complementarias que implementa el gobierno, los adultos mayores expresaron anhelos de una mejora significativa en sus condiciones económicas.
La aprobación unánime de la Ley por parte de la Asamblea Nacional y su promulgación por el presidente Nicolás Maduro indican un paso importante en el fortalecimiento del sistema de pensiones en Venezuela, aunque distintos sectores plantean interrogantes sobre su impacto económico.
Fedecámaras-Zulia propone que las empresas aporten un 6 % de sus nóminas al fondo de pensiones, junto con otras recomendaciones para limitar el impacto fiscal. Se sugiere establecer un tope de contribución equivalente a tres salarios, bonificaciones incluidas, y eximir a las compañías que ya cuenten con planes de jubilación internos.
Según Alex Balza, presidente regional de Fedecámaras, este incremento en la carga tributaria para las empresas se justifica por la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de los pensionados. Si bien reconoce la presión fiscal existente, considera que el aporte beneficiará socialmente a quienes reciben pensiones.
En contraste, la CCM expresa preocupación por el posible efecto de competencia desleal que podría surgir como consecuencia de la Ley. Según Alessandro Nanino, presidente de la Cámara, algunos establecimientos no cumplen con obligaciones fiscales, lo que dificulta la competencia para las empresas que sí lo hacen.
Nanino destaca la importancia de mantener reglas equitativas para todos los actores del mercado y subraya la necesidad de una reforma integral del Estado como solución a las carencias del sistema de pensiones. Aunque reconoce la escasez de consumo actual en Venezuela como mitigante de posibles alzas de precios, alerta sobre la posibilidad de desvíos de fondos públicos por corrupción.
