El fallo del tríplex de Guarujá cerró este viernes el capítulo judicial que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a pasar 580 días en una celda de Curitiba: la Justicia federal de Brasil ordenó devolver a la constructora OAS los 2,4 millones de reales (unos 425.426 dólares) obtenidos en 2018 con la subasta del apartamento que la Operación Lava Jato atribuyó al presidente como un supuesto soborno.
La sentencia, dictada por el juez Marcelo Gentil Monteiro, de la 12ª Sala Federal del Distrito Federal, concluyó que el apartamento 164-A del edificio Solaris, en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de São Paulo, siempre permaneció registrado a nombre de la empresa, hoy llamada Grupo Metha. El Ministerio Público Federal ya se había pronunciado a favor de la devolución y, tras la anulación de las condenas contra Lula y el archivo posterior de la causa, el magistrado determinó que ya no existía fundamento jurídico para mantener retenido el dinero de la subasta.
El fallo del tríplex de Guarujá llega dos semanas después de la reelección de Lula
La resolución se conoce apenas dos semanas después de que Lula consiguiera su reelección para un inédito cuarto mandato, tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del pasado 25 de octubre. Para el presidente y sus seguidores, el fallo es la confirmación de que fue víctima de una persecución judicial; el propio texto aclara, sin embargo, que la devolución del dinero no equivale jurídicamente a una sentencia absolutoria sobre las acusaciones de corrupción, sino al reconocimiento de la titularidad registral de la constructora sobre el inmueble.
El caso del tríplex fue el eje de la primera condena de la Operación Lava Jato contra Lula. En julio de 2017, el entonces juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, al sostener que había recibido de OAS una ventaja indebida valorada en unos 3,7 millones de reales que incluía el apartamento, obras de reforma y otros servicios. En enero de 2018 un tribunal de apelación confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.
580 días en Curitiba y unas condenas que terminaron anuladas
Lula ingresó de forma voluntaria el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba y permaneció encarcelado 580 días, hasta noviembre de 2019. La condena le impidió presentarse a las elecciones de 2018, en las que partía como favorito en las encuestas y en las que finalmente se impuso Jair Bolsonaro. Años después, la justicia anuló las condenas y la causa del tríplex quedó archivada, pero el dinero de la subasta de 2018 seguía retenido hasta esta sentencia.
La Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014 en torno a una red de corrupción y sobornos vinculada a contratos de la petrolera estatal Petrobras, sacudió a todo el sistema político brasileño, golpeó al gobierno de Dilma Rousseff y dejó condenas contra empresarios, intermediarios y políticos de distintos partidos. El cierre del expediente del tríplex pone punto final al símbolo más conocido de aquella época para el actual presidente, que mantiene una intensa agenda internacional, como mostró esta semana su visita de Estado a Filipinas, con llegada a Manila.
En la región, la decisión se suma a una jornada de definiciones políticas y judiciales en América Latina, mientras en el Caribe crecen las tensiones que esta casa recogió en la nota sobre cómo Cuba prepara su defensa ante las amenazas de Estados Unidos. Para Brasil, el fallo no reescribe por sí solo la historia de Lava Jato, pero sí retira el último sostén material de la acusación que sacó a Lula de la carrera presidencial de 2018 y lo mantuvo en prisión durante más de un año y medio.
