El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este viernes a dos exfuncionarios del FBI de mentir al Congreso sobre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este viernes a dos exfuncionarios del FBI de mentir al Congreso sobre su conocimiento de las investigaciones contra Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden, según los documentos judiciales hechos públicos en Washington. Los acusados son Nikki Cole Floris, de 46 años y residente de Alexandria, Virginia, y Bradley Benavides, de 56 años y residente de Aiken, Carolina del Sur, quienes ocuparon cargos senior en la división de contrainteligencia de la agencia. Ambos se entregaron este viernes tras las órdenes de arresto emitidas con la denuncia penal, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Cada uno enfrenta un cargo de hacer declaraciones falsas en un asunto bajo jurisdicción del Poder Legislativo, en violación del artículo 1001(a)(2) del Título 18 del Código de Estados Unidos. Ambos comparecieron este viernes por la mañana ante la corte federal del Distrito de Columbia, no quedarán detenidos mientras esperan el juicio y tienen una nueva audiencia programada para el martes por la mañana, informó CNN, que reveló primero la acusación.
Los exfuncionarios del FBI y el grupo de trabajo de influencia extranjera
La denuncia acusa a Floris y Benavides de haber ocultado la participación y las comunicaciones del Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI (FITF, por sus siglas en inglés) en las investigaciones sobre Hunter Biden, y de haber impedido así la investigación del Congreso. Las declaraciones cuestionadas las hicieron en 2023 ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, cuando los republicanos investigaban si la agencia buscó minimizar las acusaciones de corrupción contra la familia Biden y las evidencias de la computadora portátil de Hunter Biden.
Según la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que anunció los cargos en una publicación en redes sociales, las presuntas declaraciones falsas fueron «sobre sus roles en el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera durante las elecciones de 2020». Pirro añadió que, de acuerdo con la denuncia, Benavides llegó a decirle al Congreso que se había enterado de la investigación sobre la computadora de Hunter Biden por Wikipedia. «Cuando agentes senior del FBI mienten al Congreso creyendo que están por encima de la ley, es hora de que caiga sobre ellos el martillo de la justicia», escribió la fiscal.
El director del FBI, Kash Patel, explicó que los cargos son resultado de una investigación sobre ese grupo de trabajo, ya disuelto. Según Patel, Floris dirigió el FITF como subdirectora adjunta desde mediados de 2019 hasta mediados de 2022, y Benavides fue su jefe de sección desde mediados de 2019 hasta las elecciones de 2020. «Ambos testificaron que el FITF no estaba involucrado en las investigaciones de Hunter Biden. La evidencia documental, las comunicaciones contemporáneas y los testimonios lo contradicen», afirmó.
Lo que se sabe hasta ahora
- Acusados: Nikki Floris (46) y Bradley Benavides (56), ex altos cargos de contrainteligencia del FBI.
- Cargo: un cargo de declaración falsa para cada uno, presentado por denuncia en la corte federal de Washington.
- Origen: sus testimonios de 2023 ante el Comité Judicial de la Cámara sobre el papel del grupo FITF en las investigaciones a Hunter Biden.
- Estado: comparecieron este viernes, quedaron en libertad y volverán a la corte el martes.
Según la declaración jurada que acompaña la denuncia, la evidencia documental, las comunicaciones de la época y los testimonios de testigos contradicen lo que ambos dijeron al Congreso: Floris discutió de forma rutinaria las investigaciones sobre Hunter Biden durante más de un año, dentro del FITF y con otros miembros del FBI, pese a haber asegurado al comité que no participó en ninguna discusión sobre el tema; y Benavides habló regularmente de la computadora portátil con funcionarios del FBI en la antesala de las elecciones de 2020, pese a haber testificado que supo de ella por un artículo de Wikipedia en 2023. El Departamento de Justicia recordó que los cargos de una denuncia son solo acusaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable. El fiscal general, Todd Blanche, respaldó la acción: «los servidores públicos, incluidos los funcionarios federales de las fuerzas del orden, no pueden mentirle al Congreso y salirse con la suya».
La defensa habla de una acusación política
Los abogados de Floris respondieron que su clienta es «una patriota» falsamente acusada «con base en los dichos de políticos, no en los hechos». «No es coincidencia que el Gobierno presente estos cargos sin sentido ahora, años después, en vísperas de una elección», dijeron en un comunicado, a menos de dos semanas del día de las elecciones. Del abogado de Benavides no se conocía reacción inmediata.
El juez magistrado Zia Faruqui, que preside la primera etapa del caso, señaló en la audiencia que se trata de un cargo «raro», presentado por denuncia de los fiscales y no aprobado por un gran jurado, y recordó que ambos agentes tienen trayectorias «impecables» y son agentes condecorados contra quienes ahora pesa una acusación federal que «los seguirá por el resto de sus vidas».
El caso revive la larga disputa política sobre el trato que el FBI dio a las investigaciones contra Hunter Biden, quien terminó condenado por delitos fiscales y de armas antes de ser indultado por su padre alrededor del Día de Acción de Gracias de 2024. El fiscal especial David Weiss, que investigó las denuncias republicanas contra Hunter Biden, no recomendó cargos adicionales, y un informante del Gobierno fue acusado por ese mismo fiscal especial de dar información falsa sobre supuestos sobornos de la familia Biden.
Por qué importa
La acusación contra dos exfuncionarios del FBI coloca de nuevo al Buró Federal de Investigaciones en el centro de la batalla política de Washington, con el Departamento de Justicia persiguiendo a antiguos altos mandos de la propia agencia por su papel en el caso más sensible de la era Biden. El proceso avanzará en plena cuenta regresiva electoral, el mismo clima en el que la Corte Suprema ha permitido a Nueva Hampshire restringir las identificaciones estudiantiles para votar y en el que las deportaciones en Estados Unidos suman 660.000 en un año. Para la audiencia latina y venezolana en Estados Unidos, el desenlace dirá mucho sobre hasta dónde llega la revisión que el actual Gobierno está haciendo de las instituciones federales, un debate que también atraviesa casos como la orden de que Trump declare bajo juramento en su demanda contra la BBC.
