Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) han decidido mantener un activismo permanente tras el reinicio de clases el 13 de enero de 2025. Este movimiento surge como respuesta a la reciente investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato, un acto que los estudiantes consideran ilegítimo. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), enfatizó que las universidades se convertirán en un espacio crucial para la lucha por la democracia en el país.
Durante una rueda de prensa, Suárez declaró: «No abandonar los espacios. Nosotros vamos a estar en nuestros pasillos; cuando hagamos activismo, estaremos en las universidades. Vamos a utilizar las universidades como espacio de articulación». Esta declaración refleja la determinación del movimiento estudiantil no solo de permanecer en las aulas, sino también de utilizar estos espacios para expresar su descontento y organizar acciones conjuntas con otras instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
El rechazo al acto del 10 de enero se fundamenta en la falta de cumplimiento con las normativas establecidas en la ley de procesos electorales. Según Suárez, no se realizó la publicación del boletín que totaliza las actas escrutadas mesa por mesa, lo que pone en duda la legitimidad del proceso electoral. «Ante cualquier acto írrito de una autoridad hay que desconocerlo, y esa es la posición de la mayoría de los jóvenes de este país», afirmó.
El activismo no se limita a la UCV; centros estudiantiles de seis universidades venezolanas emitieron un comunicado conjunto que también rechaza la investidura de Maduro. Este documento, firmado por representantes de instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB), sostiene que «sin totalización no puede haber juramentación». Los estudiantes defienden así la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia fue elegido como representante conforme a actas recolectadas y expuestas por la oposición.
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Además, el movimiento estudiantil ha alzado su voz por los derechos humanos, exigiendo la liberación inmediata de estudiantes y profesores detenidos, entre ellos los docentes Jesús Armas y Rocío San Miguel y el estudiante Manuel Muñoz. Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la FCU-UCV, expresó: «La justicia tarda, pero llega. La comunidad universitaria exige la liberación inmediata de los detenidos»
