La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha declarado un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, Colombia, que comenzará a las 12:00 a.m. del 18 de febrero y se extenderá hasta el 21 del mismo mes. Esta medida se toma en un contexto de creciente violencia y crisis humanitaria en la región, donde el grupo armado ha denunciado un supuesto entramado entre el Estado, las Fuerzas Militares y grupos paramilitares.
En un comunicado emitido el 15 de febrero, el frente de guerra occidental Ogli Padilla del ELN justificó su decisión al afirmar que se ven obligados a “desenmascarar los planes de la oligarquía” y a defender el territorio y las comunidades locales. “El matrimonio criminal paraestatal y antipopular” es una de las principales preocupaciones del grupo guerrillero, que sostiene que la situación humanitaria en Chocó ha alcanzado niveles críticos.
El ELN ha señalado que la medida busca visibilizar la grave situación humanitaria que enfrenta la población chocoana, exacerbada por la violencia de los grupos paramilitares. En su comunicado, el grupo guerrillero acusó al Gobierno colombiano de ser el “primer responsable” del deterioro en la región y del avance del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
Desde hace semanas, el ELN y el Clan del Golfo han estado involucrados en enfrentamientos en la región del Medio San Juan, lo que ha resultado en el desplazamiento de aproximadamente 3.600 personas y más de 12.000 individuos confinados. La lucha por el control del río San Juan, una ruta clave para las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, ha intensificado los combates entre estos grupos armados.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Chocó, incluyendo reclutamiento forzado de menores y desplazamientos forzados de comunidades indígenas y afrodescendientes.
El anuncio del paro armado ha generado inquietud entre las autoridades locales. El Ministerio de Defensa colombiano ha respondido enviando refuerzos a la zona, incluyendo 150 soldados adicionales que se suman a los 340 ya desplegados. La Armada también ha movilizado cinco lanchas artilladas para apoyar las operaciones contra los grupos armados ilegales.
El general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada del Ejército, comentó sobre la situación: “El propósito es evitar el confinamiento de la población en los corregimientos afectados y permitir el regreso seguro de las familias que huyeron”. Sin embargo, el ELN ha descalificado estas acciones como “publicidad engañosa”, alegando que las fuerzas militares solo aparecen cuando los paramilitares ya han abandonado la zona.
Lea también: Viña del Mar 2025: 7 días para el festival latino más grande del mundo
La declaración del paro armado plantea serias implicaciones para la población civil. Históricamente, este tipo de medidas han resultado en restricciones severas a la movilidad de los ciudadanos, dificultando su acceso a servicios básicos como alimentos y atención médica. El secretario del Interior de Chocó advirtió que esta situación podría generar un aumento en el número de desplazados.
A medida que se acerca la fecha del paro armado, tanto las autoridades como los residentes locales están en alerta máxima. La comunidad chocoana ha sido testigo de un ciclo interminable de violencia que afecta su vida diaria y su seguridad.
