Las detenciones políticas en Venezuela no desaparecieron con el discurso oficial de apertura: cambiaron de forma.
Las detenciones políticas en Venezuela no desaparecieron con el discurso oficial de apertura: cambiaron de forma. Al menos 30 personas han sido detenidas por motivos políticos en el país durante 2026 y más de 400 continúan encarceladas, pese a las excarcelaciones anunciadas tras los hechos del 3 de enero, según denunciaron los abogados de derechos humanos Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en un reportaje de Efecto Cocuyo.
Ambos defensores coinciden en que el aparato represivo sustituyó las redadas masivas de años anteriores por arrestos selectivos y de baja visibilidad, combinados con excarcelaciones condicionadas y con la fabricación de expedientes por delitos comunes, de modo que las causas políticas no aparezcan como tales ante la comunidad internacional.
Detenciones políticas en Venezuela: arrestos quirúrgicos y por regiones
Para Tineo, el país vive un ciclo de alternancia punitiva: el Estado concede liberaciones por lotes para alimentar una narrativa de apertura, al tiempo que ejecuta detenciones quirúrgicas contra ciudadanos sin militancia partidista, líderes gremiales y activistas en las regiones. Los operativos se concentran, según la abogada, en estados como Zulia, Lara, Carabobo, Bolívar y Táchira, donde el cerco de censura es más severo, y apuntan contra dirigentes sindicales de la educación, la salud y las empresas básicas, defensores comunitarios y usuarios cuyas denuncias por fallas en los servicios públicos se vuelven virales en redes sociales.
Zambrano, por su parte, sostiene que el blanco principal son los ciudadanos de sectores populares y de clase media que no integran partidos ni ONG, pero protestan de forma autónoma por el colapso de los servicios y el deterioro económico. El objetivo atribuido a esa estrategia es imponer un clima permanente de autocensura y vulnerabilidad: que ninguna ronda de negociación ni discurso de distensión se entienda como un cheque en blanco para la ciudadanía.
El caso de Yorman Acevedo: de terrorismo a un tribunal ordinario
Las organizaciones de derechos humanos llevan años documentando las detenciones políticas en Venezuela, pero la denuncia de Tineo y Zambrano describe un cambio de método en 2026: menos detenciones masivas y más expedientes individuales construidos para que el motivo político no aparezca en el papel.
El patrón del disfraz judicial quedó documentado, según Zambrano, en el caso de Yorman Acevedo, habitante de un sector popular del estado Aragua detenido de forma arbitraria el 13 de enero de 2026 tras publicar un comentario en redes sociales sobre los hechos del 3 de enero. Acevedo permaneció cerca de nueve meses privado de libertad, período en el que —de acuerdo con la denuncia— fue sometido a desaparición forzada, torturas y tratos crueles.
El de Acevedo no sería un caso aislado dentro de las detenciones políticas en Venezuela de 2026, sino el ejemplo que los abogados usan para explicar el nuevo patrón. Su expediente, junto al de otra persona arrestada en el mismo procedimiento, fue declinado desde un juzgado con competencia en terrorismo hacia un tribunal penal ordinario en Puerto Cabello, estado Carabobo. «Hemos visto varios casos en los que les quitan los delitos de traición a la patria y contra el odio y les imputan delitos de droga para disfrazar la situación», denunció Zambrano.
Lo que se sabe hasta ahora
- Al menos 30 detenciones políticas en Venezuela durante 2026, según el balance de las ONG JEP y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
- Más de 400 personas continúan encarceladas por motivos políticos, pese a las excarcelaciones anunciadas.
- Los arrestos se concentran en Zulia, Lara, Carabobo, Bolívar y Táchira y apuntan a sindicalistas, activistas y ciudadanos sin militancia.
- El caso documentado: Yorman Acevedo, de Aragua, detenido el 13 de enero de 2026 y preso cerca de nueve meses.
Neutralización exprés y una «cárcel fuera de la cárcel»
A la simulación de delitos comunes se suma, según Tineo, una táctica de neutralización exprés en las protestas por salarios, servicios y garantías laborales: los cuerpos de seguridad detienen sin orden judicial a educadores, sindicalistas o defensores, los incomunican durante las horas o días clave para desarticular el reclamo y luego los excarcelan. Esas liberaciones llegan con régimen de presentación periódica ante los tribunales, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a los medios. «La persona no recupera su plena libertad; pasa a una suerte de cárcel fuera de la cárcel», precisó la coordinadora de JEP.
Los defensores aseguran, además, que en las detenciones políticas en Venezuela de 2026 persisten tres prácticas contra el debido proceso: la desaparición forzada de corta duración mientras los familiares recorren sedes del Sebin, la Dgcim y cuerpos policiales que niegan la custodia; la imposición de defensores públicos que —según la denuncia— impiden denunciar torturas o impugnar actas forjadas; y el diferimiento sistemático de las audiencias preliminares por meses o años.
Detenciones políticas en Venezuela: por qué importa
Tineo y Zambrano advierten que la reciente supresión de los tribunales con competencia en terrorismo resulta insuficiente si permanecen los mismos funcionarios y si la mayoría de jueces y fiscales sigue en cargos provisorios, sin concursos públicos, una falla documentada por la ONU. También descartan que la reforma de la Ley contra el Odio baste: exigen la derogación de las leyes punitivas usadas para criminalizar la protesta y frenar las detenciones políticas en Venezuela, el cierre de centros como El Helicoide y la libertad plena, sin medidas cautelares, de todos los presos políticos. Para las familias de los más de 400 encarcelados, la discusión no es jurídica en abstracto: es si la apertura anunciada se mide en liberaciones reales o en expedientes con otro nombre. Mientras las detenciones políticas en Venezuela sigan disfrazándose de delitos comunes, advierten los abogados, cualquier cifra oficial de excarcelaciones contará solo la mitad de la historia, como también se discute en el debate sobre cómo transformar la justicia venezolana. (Con información de Efecto Cocuyo)
