Al menos 5,000 militares permanecen desplegados en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, para garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes tras el anuncio de un «paro armado indefinido» por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida, que comenzó el 11 de agosto, busca restringir la circulación terrestre y fluvial en varias zonas del departamento, en medio de un contexto de intensos combates con el Clan del Golfo, otro grupo armado que disputa el control territorial en la región.
El frente de Guerra Occidental Olmar Gómez del ELN informó que el paro afectará los ríos San Juan, Sipi y Cajón, así como la carretera Novita-Torra. En su comunicado, el grupo guerrillero justificó la medida citando «los fuertes combates» que están llevando a cabo con el Clan del Golfo. Según el ELN, la situación de conflicto ha llevado a la necesidad de implementar esta restricción para proteger a la población civil de los enfrentamientos.
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El coronel Christian Leguizamón, comandante de una de las fuerzas de tarea conjunta, aseguró en declaraciones a la W Radio que la movilidad en la zona se desarrolla con normalidad, gracias a la presencia militar que ejerce control y garantiza los derechos ciudadanos. A pesar del anuncio del ELN, reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán indican que hay una afluencia de personas que circulan en embarcaciones y en «libre movilidad».
Crisis humanitaria en el Chocó, Colombia
La gobernadora del Chocó, Nubia Calderón, ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que el combate entre el ELN y el Clan del Golfo ha agudizado una crisis humanitaria en la región. Según Calderón, hasta 30,000 personas podrían estar confinadas y alrededor de 15,000 en condiciones de desplazamiento debido a la violencia y la falta de acceso a servicios básicos.
La gobernadora también destacó que el paro armado afectará no solo la movilidad, sino también las actividades comerciales, educativas y de salud, lo que impide que las comunidades vivan con tranquilidad. «Las comunidades del departamento siguen clamando por una salida al conflicto, pero mientras no se tenga en cuenta la voz y las condiciones particulares del territorio, seguiremos en esta crisis donde los derechos humanos y la precariedad son el costo que no terminamos de pagar», afirmó.
Rechazamos el paro armado del ELN en el San Juan. Este etnocidio confina a 27,000 personas y obliga el desplazamiento como el acontecido hoy en Buenas Brisas-hacia Istmina. Exigimos acción inmediata del Gobierno y la comunidad internacional. ¡Basta de violencia! #PazParaElChocó pic.twitter.com/LnLhmjBt5q
— Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH (@FISCHETNICO) August 10, 2024Contexto y consecuencias del paro
El anuncio del paro armado del ELN se produce en un momento crítico para el proceso de paz en Colombia. Desde que se reactivaron los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN en 2022, las negociaciones han enfrentado dificultades, especialmente tras el cese al fuego bilateral que venció sin un acuerdo para prorrogarlo. El ELN ha exigido que el gobierno retire su nombre de la lista de «grupos armados organizados» y que se prioricen las conversaciones regionales.
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En febrero de este año, otro paro armado del mismo frente del ELN interrumpió las actividades en el Chocó durante cuatro días, lo que refleja la persistente tensión en la región. La situación actual, marcada por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, ha llevado a un aumento de la violencia y a un deterioro de las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
